El Gobierno nacional anunció una estrategia para combatir los delitos electorales mediante el ofrecimiento de recompensas económicas a ciudadanos que suministren información que permita prevenir, identificar y judicializar conductas que atenten contra la transparencia de los comicios. La medida busca fortalecer los mecanismos de control institucional y la participación ciudadana frente a prácticas como la compra de votos, la suplantación de electores y otras acciones que vulneran la legitimidad del sistema democrático colombiano.
Según las autoridades, en Colombia existen 16 conductas tipificadas como delitos electorales en el Código Penal y reguladas por el Consejo Nacional Electoral. Estas infracciones afectan de manera directa la confianza en las instituciones y distorsionan la voluntad popular en las urnas. Entre las más recurrentes se encuentran la trashumancia electoral, la corrupción al sufragante, el voto fraudulento y diversas formas de manipulación que buscan alterar los resultados electorales.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, explicó que estas prácticas representan uno de los mayores riesgos de violencia y conflictividad durante los procesos electorales. Señaló que la compra y venta de votos, la suplantación de ciudadanos y la desinformación generan escenarios de tensión que pueden derivar en alteraciones del orden público, por lo que se requiere una acción articulada entre instituciones, autoridades territoriales y la ciudadanía.
Como parte de la estrategia, el Gobierno anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información oportuna y verificable que conduzca a la captura de responsables de delitos electorales. La Línea de Transparencia 157 fue habilitada como canal directo de denuncia, disponible para que cualquier ciudadano reporte irregularidades con garantías de confidencialidad y atención institucional inmediata.
La iniciativa amplía los incentivos implementados en los comicios territoriales de 2023, cuando se ofrecían recompensas de hasta 20 millones de pesos por denuncias relacionadas con fraude electoral. El incremento en los montos pretende fortalecer la capacidad disuasiva del Estado frente a estas conductas y enviar un mensaje de mayor contundencia en la protección de los procesos legislativos y presidenciales venideros.
En materia de seguridad, el ministro informó que 246.000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se encuentran desplegados en todo el territorio para garantizar condiciones de tranquilidad en los puestos de votación. El operativo busca proteger el ejercicio democrático en un escenario donde más de 3.100 candidatos participan en la contienda por llegar al Congreso y a la Presidencia de la República.
Durante su visita a Norte de Santander, el jefe de la cartera de Defensa también detalló el dispositivo especial implementado en la región del Catatumbo. Allí se encuentran desplegados 11.500 uniformados con capacidades aéreas, terrestres, logísticas y de inteligencia, orientadas a neutralizar factores de amenaza histórica en esta zona del país y asegurar condiciones de estabilidad para la población civil.
Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a los grupos armados ilegales a desmovilizarse y acogerse a las rutas institucionales, advirtiendo que, de persistir en la ilegalidad, enfrentarán la acción de la Fuerza Pública. Asimismo, invitó a las comunidades a colaborar con información que permita anticipar hechos de violencia y a vincularse a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como parte de una estrategia integral de seguridad y desarrollo territorial.
