La Procuraduría General de la Nación adelantó vigilancia preventiva al proceso de ajuste normativo que regula la reprogramación de vigencias futuras en proyectos de asociación público-privada (APP), actuación que culminó con la expedición del Decreto 1472 del 29 de diciembre de 2025.
El seguimiento fue liderado por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública e incluyó la revisión integral del proyecto de decreto, la formulación de observaciones técnicas y jurídicas y la realización de mesas de trabajo con las entidades competentes.
Como resultado de esta actuación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, en articulación con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, ajustaron la propuesta reglamentaria, acogiendo las observaciones formuladas por el Ministerio Público.
Entre los principales cambios se destaca la exigencia de una manifestación expresa del contratista sobre su conformidad con los ajustes financieros y presupuestales, la acreditación de la correspondiente modificación contractual y la obtención de un concepto previo de viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación.
Las medidas adoptadas permiten mitigar riesgos de afectación al erario, prevenir eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales y fortalecer la seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura bajo el esquema APP.
