La política nacional de seguridad minera implementada por el Estado colombiano permitió una reducción sostenida de fatalidades en la actividad minera durante 2023 y 2024. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Minas y Energía, tomando como base el año 2022, se registró una disminución del 12 % en 2023 y del 37 % en 2024. Los resultados reflejan el impacto de una estrategia enfocada en prevención, fortalecimiento institucional y promoción de prácticas seguras. Las autoridades advierten que las cifras podrían estar sujetas a subregistro debido a la persistencia de minería ilegal en distintos territorios del país.
El Ministerio de Minas y Energía, bajo el liderazgo del ministro Edwin Palma Egea, reafirmó su compromiso con la protección de la vida y la dignidad de los trabajadores mineros. La actualización de la política en 2022 marcó un punto de partida para rediseñar protocolos, mejorar la supervisión y reforzar la capacitación en seguridad. Desde entonces, la estrategia se ha orientado a reducir la siniestralidad mediante una combinación de regulación, acompañamiento técnico y coordinación interinstitucional, priorizando la prevención de accidentes y el fortalecimiento de condiciones laborales más seguras en el sector minero nacional.
Como parte del despliegue de esta política, el Ministerio avanza en la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Minera. En enero de 2026 se realizó en Ibagué el primer lanzamiento regional del año, dando cumplimiento al Decreto 0875 del 31 de julio de 2025. Este sistema busca consolidar una estructura operativa que articule esfuerzos nacionales y territoriales para disminuir riesgos, promover buenas prácticas y fortalecer la cultura de la seguridad. El enfoque regional permite atender particularidades locales y mejorar la respuesta institucional frente a los desafíos de cada territorio minero.
El 22 de enero, el proceso continuó en Santa Marta con la instalación de la Comisión Regional de Seguridad Minera en el Auditorio Julio Otero de la Universidad del Magdalena. Durante este encuentro, se reiteró que la reducción de accidentes mineros es un objetivo central del sistema. Las acciones incluyen la implementación de protocolos actualizados, programas de capacitación permanente, adopción de estándares operativos seguros y una coordinación institucional más efectiva. El propósito es disminuir la siniestralidad, salvar vidas y prevenir impactos ambientales y sociales asociados a las actividades mineras en las regiones.
Desde el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se destacó la importancia de consolidar una política pública que priorice la seguridad minera como eje estratégico. Las autoridades señalaron que la protección de los trabajadores y las comunidades debe ser un principio transversal en el desarrollo del sector. La política busca avanzar hacia una minería responsable, con controles más estrictos, mayor acompañamiento técnico y una visión integral que combine productividad, legalidad y respeto por la vida y el entorno en los territorios mineros.
Un componente clave del proceso es la articulación institucional. En las jornadas regionales se están firmando compromisos de cooperación entre la Dirección de Formalización Minera del Ministerio y las entidades que integran las Comisiones Regionales. Estos acuerdos se fundamentan en la construcción colectiva y el liderazgo compartido, con el objetivo de establecer la seguridad minera como un estándar real y sostenible. La coordinación entre actores permite mejorar la gestión de información, fortalecer la vigilancia y reconocer a empresas que ya implementan buenas prácticas en seguridad laboral.
Adicionalmente, el Sistema Nacional de Seguridad Minera contempla un plan de acción con prioridades, responsabilidades y metas concretas. Este plan estará respaldado por mecanismos de seguimiento interinstitucional que permitan evaluar avances y ajustar estrategias. El objetivo es fortalecer la aplicación del marco normativo vigente, consolidar la supervisión del sector y promover la extracción autorizada y responsable de minerales. Las autoridades consideran que una regulación efectiva y una presencia institucional coordinada son fundamentales para reducir riesgos y prevenir accidentes en la actividad minera.
Durante 2026 continuará la expansión nacional del sistema con el lanzamiento de Comisiones Regionales en Santander, Bolívar, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Nariño. Con este despliegue, el Estado busca cubrir los principales territorios mineros del país y consolidar una red de seguridad articulada. La meta es generar entornos laborales más seguros, reducir la siniestralidad y proteger la vida de miles de personas que dependen de la minería como sustento diario, fortaleciendo una política pública orientada a la prevención y la dignidad humana.
