Un hombre de 34 años fue capturado en la localidad de Kennedy mediante orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada, luego de una investigación adelantada por la Policía Nacional de Colombia. La detención se realizó en el marco de la estrategia institucional de seguridad y convivencia, tras establecerse su presunta responsabilidad en una agresión contra su pareja sentimental. El caso generó alerta por la gravedad de los hechos y por el historial delictivo del capturado, quien además se encontraba prófugo de la justicia por procesos penales previos, según confirmaron las autoridades judiciales competentes.
La investigación se originó a partir de hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2025, cuando el hoy capturado habría atacado físicamente a su pareja durante una discusión. De acuerdo con el proceso judicial, la agresión se produjo con un objeto cortopunzante improvisado, ocasionando múltiples lesiones. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la localidad, donde recibió atención médica especializada. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, lo que permitió activar los protocolos de investigación y protección a la víctima previstos para situaciones de violencia intrafamiliar.
Según el dictamen médico legal incorporado al expediente, la víctima presentó varias lesiones en distintas partes del cuerpo, que requirieron atención hospitalaria inmediata. Además del daño físico, la mujer manifestó ante las autoridades haber sido víctima de amenazas reiteradas contra su vida. De acuerdo con su testimonio, el agresor expresaba de manera constante su intención de causarle daño, situación que incrementó el nivel de riesgo evaluado por los investigadores. Estos elementos fueron determinantes para sustentar la orden de captura emitida por la autoridad judicial competente.
Durante el procedimiento de captura, las autoridades establecieron que el detenido tenía vigente una orden judicial adicional. El hombre había incumplido una medida de prisión domiciliaria que le había sido impuesta previamente por el delito de homicidio, lo que llevó a la revocatoria del beneficio y a su condición de prófugo. Este antecedente agravó su situación jurídica y reforzó la necesidad de ejecutar la orden de captura, al considerarse un riesgo para la seguridad y la integridad de la víctima y de la comunidad.
El capturado registra además antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como fuga de presos y hurto. Este historial fue tenido en cuenta por la Fiscalía durante el proceso de judicialización. Las autoridades señalaron que la reiteración de conductas delictivas evidencia un patrón de riesgo que requiere una respuesta contundente del sistema judicial. El caso fue presentado ante un juez de control de garantías, quien evaluó los elementos probatorios recaudados durante la investigación.
Una vez concluidas las diligencias judiciales, un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario. La decisión se fundamentó en la gravedad de los hechos, los antecedentes del procesado y el riesgo de reiteración delictiva. Con esta medida, se busca garantizar la comparecencia del acusado al proceso penal, proteger a la víctima y salvaguardar el orden público. El proceso continuará en las instancias judiciales correspondientes conforme a la ley.
La Policía Nacional reiteró que la violencia intrafamiliar es un delito que atenta contra la dignidad humana y la convivencia. Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia, amenazas o agresiones dentro del entorno familiar. Señalaron que la información suministrada por la ciudadanía es clave para prevenir hechos más graves y activar los mecanismos de protección disponibles para las víctimas, especialmente en casos donde existen antecedentes de riesgo comprobado.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para confiar en las instituciones y utilizar los canales oficiales de denuncia. La protección de la vida y la integridad personal, indicaron, es una prioridad en las acciones de seguridad y justicia. Casos como este evidencian la importancia de la articulación entre Policía, Fiscalía y jueces para responder de manera efectiva frente a la violencia intrafamiliar y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
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Bogota
