El Ministerio de Minas y Energía anunció la asignación de $15.176 millones para la normalización de redes eléctricas en barrios de los municipios de Ciénaga, Sitionuevo y El Piñón, en el departamento del Magdalena. La inversión beneficiará directamente a más de 3.500 personas que durante años han enfrentado deficiencias en el acceso a un servicio eléctrico legal, seguro y continuo. La medida busca corregir desigualdades históricas en la prestación del servicio y avanzar hacia un modelo energético más equitativo, con impacto directo en la calidad de vida de las comunidades intervenidas.
Los recursos asignados permitirán la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica que legalizan las conexiones existentes y mejoran la calidad del suministro. Estas acciones se desarrollan en el marco del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, una herramienta clave del Gobierno para reducir pérdidas, mejorar la seguridad y garantizar el acceso formal a la energía. En el caso del Magdalena, la intervención responde a una realidad persistente de precariedad en barrios donde el servicio irregular ha generado altos costos, riesgos técnicos y limitaciones para el desarrollo económico y social de las familias.
De manera innovadora, los proyectos incorporan sistemas de autogeneración a pequeña escala con energía solar, bajo el modelo de Cuadras Energéticas. Este esquema permite que la energía producida por paneles fotovoltaicos instalados en los barrios se integre al consumo comunitario. El resultado esperado es una reducción tangible en el valor de la factura eléctrica, al disminuir la energía comprada a la red convencional. Así, la normalización no se limita a legalizar conexiones, sino que introduce soluciones sostenibles con beneficios económicos directos para los hogares beneficiados.
La viceministra de Energía, Karen Schutt, señaló que esta decisión representa un cambio estructural en la forma de intervenir los territorios. Según explicó, la normalización de redes es un paso fundamental, pero el Gobierno decidió ir más allá al complementar estos proyectos con autogeneración solar. Para la funcionaria, esta combinación garantiza que las familias no solo cuenten con un servicio legal y seguro, sino que también perciban un alivio real en el costo mensual de la energía, uno de los principales reclamos en estos sectores.
La inversión anunciada para el Magdalena hace parte de una estrategia nacional que supera los $97 mil millones destinados al Programa de Normalización de Redes Eléctricas. Esta apuesta busca fortalecer la infraestructura eléctrica en distintas regiones del país, reducir pérdidas técnicas y no técnicas, y modernizar redes obsoletas. Al mismo tiempo, se articula con los objetivos de la Transición Energética Justa, priorizando territorios históricamente excluidos y comunidades que han enfrentado mayores barreras para acceder a servicios públicos esenciales.
Para el Ministerio de Minas y Energía, estos proyectos demuestran que la transición energética no se limita a grandes plantas o a decisiones macroeconómicas, sino que se construye desde los barrios. La incorporación de soluciones solares adaptadas a cada contexto permite responder a realidades locales, generar apropiación comunitaria y fortalecer la sostenibilidad de las inversiones públicas. Este enfoque territorial busca que los recursos no solo lleguen a las regiones, sino que permanezcan en ellas, dinamizando economías locales y mejorando condiciones de vida.
La viceministra Schutt reiteró que el compromiso del Gobierno nacional es avanzar hacia un sistema energético con enfoque social. Señaló que la justicia energética implica garantizar acceso, calidad y tarifas razonables, especialmente para poblaciones vulnerables. En ese sentido, proyectos como los del Magdalena evidencian una política pública orientada a cerrar brechas, reconocer desigualdades históricas y ofrecer soluciones que integren legalidad, sostenibilidad ambiental y beneficio económico para las comunidades que más lo necesitan.
El anuncio se realizó durante la inauguración del proyecto de transmisión de energía eléctrica Bonda–Río Córdoba 220 kV, un evento que refuerza la apuesta del Gobierno por fortalecer la infraestructura energética en la región Caribe. Con estas iniciativas, el Ministerio de Minas y Energía avanza en su objetivo de que la energía en Colombia deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho, basado en justicia tarifaria, sostenibilidad y un enfoque social que prioriza a las personas.
