El Ministerio de Transporte encendió las alertas por graves incumplimientos en el reporte de información tarifaria del transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia. Tras revisar los registros correspondientes al último trimestre de 2025 y lo corrido de 2026, la entidad evidenció fallas sistemáticas en el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las empresas habilitadas. La situación llevó a la apertura de procesos de investigación administrativa y al anuncio de nuevas medidas de control, con el objetivo de proteger a los usuarios frente a incrementos injustificados y fortalecer la transparencia del sistema tarifario nacional.
Según el balance oficial, en el país operan 519 empresas de transporte intermunicipal, responsables de cerca de 16.000 rutas que conectan municipios y regiones. Sin embargo, solo 52 empresas han cumplido con el deber de reportar su información tarifaria ante la autoridad competente, lo que representa apenas el 10 % del total. Este bajo nivel de cumplimiento genera preocupación institucional, ya que impide una supervisión efectiva del comportamiento de las tarifas y limita la capacidad del Estado para verificar si los cobros aplicados a los usuarios se ajustan a la normativa vigente.
La situación resulta aún más crítica en lo relacionado con los aumentos de tarifas. Las mismas 52 empresas que reportaron información son las únicas que han presentado su estructura de costos, un requisito obligatorio para justificar cualquier alza en los pasajes. Esto significa que el resto de compañías no cuenta con sustento técnico ni administrativo para modificar tarifas. Para el Ministerio, este incumplimiento generalizado pone en riesgo la transparencia del sistema y abre la puerta a prácticas que afectan directamente el bolsillo de los pasajeros que utilizan diariamente el transporte intermunicipal.
Ante este panorama, todas las empresas que no realizaron el reporte correspondiente entraron automáticamente en proceso de investigación por parte de la Superintendencia de Transporte, dentro del marco de sus competencias legales. Las actuaciones administrativas buscarán establecer responsabilidades y determinar posibles sanciones por la omisión en el suministro de información. El Gobierno advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones no es un asunto menor, ya que compromete la vigilancia estatal y la confianza de los ciudadanos en el sistema de transporte público.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, fue enfática al señalar que no se tolerarán incrementos arbitrarios. “No vamos a permitir aumentos de tarifas sin sustento técnico ni sin transparencia. Los usuarios tienen derecho a saber quién cumple y quién no”, afirmó. La funcionaria recalcó que el reporte oportuno de la información tarifaria no es opcional, sino una obligación legal que garantiza condiciones equitativas tanto para los operadores como para los pasajeros en todo el territorio nacional.
Como parte de las acciones inmediatas, el Ministerio de Transporte anunció que, a través de la Superintendencia, se prepara un requerimiento masivo y urgente dirigido a todas las empresas habilitadas. Este requerimiento exigirá el cumplimiento inmediato de las obligaciones de reporte, bajo advertencia de sanciones. La medida busca corregir rápidamente el alto nivel de incumplimiento y restablecer los mecanismos de control y vigilancia sobre las tarifas, especialmente en un contexto de sensibilidad social frente al costo del transporte.
Adicionalmente, se informó que se habilitará un módulo público en el sitio web de la Superintendencia de Transporte. Esta herramienta permitirá a la ciudadanía consultar desde qué fecha ha reportado cada empresa y cuál era la tarifa registrada en ese momento. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende fortalecer la transparencia y el control social, brindando a los usuarios información clara y verificable sobre el comportamiento tarifario de las compañías que prestan el servicio intermunicipal.
Con estas decisiones, el Gobierno nacional refuerza su intervención en el sistema tarifario del transporte intermunicipal, priorizando la defensa de los derechos de los usuarios. Las investigaciones en curso, sumadas a los nuevos mecanismos de información pública, buscan frenar prácticas irregulares y garantizar que cualquier ajuste en las tarifas esté debidamente justificado. El mensaje institucional es claro: la transparencia y el cumplimiento normativo son condiciones indispensables para operar en el transporte de pasajeros en Colombia.
