El Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Sociedades firmaron un nuevo memorando de entendimiento que refuerza la articulación institucional en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la captación ilegal de recursos. El acuerdo, suscrito en Bogotá el 27 de enero de 2026, establece mecanismos de intercambio de información, coordinación técnica y fortalecimiento de capacidades para garantizar mayor transparencia y control en el uso de recursos públicos.
La estrategia anticorrupción del Sector Defensa se sustenta en normativa sectorial, cooperación con la UNODC, organismos multilaterales y el trabajo articulado con 25 entidades para construir el Programa de Transparencia y Ética Pública. Este enfoque busca consolidar una cultura institucional basada en integridad, control preventivo y gestión del riesgo, con acciones coordinadas que reduzcan vulnerabilidades frente a prácticas ilícitas en procesos administrativos y operativos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que el acuerdo también tiene un componente de protección de la vida, al promover medidas de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas que comercializan drones. Según indicó, este tipo de tecnologías puede ser utilizado de forma indebida, por lo que fortalecer controles sobre su cadena comercial es un asunto de seguridad nacional.
Por su parte, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que la articulación permite compartir experiencias técnicas y construir capacidades conjuntas para enfrentar riesgos complejos. Destacó que la entidad aporta su conocimiento en supervisión empresarial, control societario y gestión del riesgo, apoyando al Ministerio de Defensa en la consolidación de prácticas de legalidad, transparencia e integridad en el manejo de recursos públicos.
El convenio contempla la designación de equipos de enlace entre ambas entidades, así como espacios de formación y cooperación técnica. Estas acciones buscan mejorar la detección temprana de irregularidades, fortalecer los sistemas de prevención y generar respuestas coordinadas frente a posibles esquemas de corrupción o flujos financieros ilícitos que puedan afectar la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sector público.
Esta iniciativa se suma a otros avances del Sector Defensa, como el sistema de alertas en contratación “Helios”, proyectos de debida diligencia en el Ejército Nacional y el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, además de la creación de la Junta de Acción contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, orientada a integrar esfuerzos de control y análisis estratégico interinstitucional.
En materia operacional, la Policía Nacional presentó el Modelo Anticipativo de Intervención contra la Corrupción, MAIC 2, diseñado para identificar riesgos y prevenir conductas irregulares antes de que se materialicen. Paralelamente, la línea 157 se consolidó como canal único del Sector Defensa para denuncias por corrupción, con 28.335 llamadas atendidas, 206 casos reportados y 126 con noticia criminal confirmada.
Las autoridades informaron que estos procesos representan riesgos por más de 530.578 millones de pesos, actualmente en indagación de la Fiscalía. Con este nuevo convenio, Defensa y Supersociedades buscan fortalecer el control institucional, prevenir delitos económicos y consolidar una gestión pública más transparente, en un esfuerzo conjunto por proteger los recursos del Estado y reforzar la confianza de la ciudadanía.
