El Gobierno colombiano reiteró su llamado al diálogo con Ecuador para superar las diferencias recientes surgidas tras la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos. Durante una rueda de prensa el 27 de enero de 2026, la Cancillería expuso las gestiones diplomáticas adelantadas y subrayó que la medida ecuatoriana impacta el comercio binacional y a las comunidades de frontera.
La decisión de Ecuador fue justificada por una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, el Gobierno colombiano aseguró que los resultados de la cooperación bilateral han sido significativos. Destacó que, en operativos conjuntos, las incautaciones de clorhidrato de cocaína en municipios fronterizos aumentaron 36,7 %, y que el 16 de enero se logró la incautación de 2,2 toneladas de marihuana en zona limítrofe.
También se resaltó el trabajo de erradicación de cultivos ilícitos en Putumayo y Nariño, departamentos fronterizos con Ecuador. El pasado 23 de enero, el presidente Gustavo Petro entregó 2.835 hectáreas erradicadas para proyectos agrícolas de 2.225 familias de Tumaco. Según el Gobierno, estas acciones contribuyen a la seguridad regional y al desarrollo alternativo en zonas históricamente afectadas por economías ilícitas.
En la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, Colombia informó que la coordinación binacional permitió 39 deportaciones, 25 capturas por orden judicial y el rescate de siete personas. Además, cerca de 4.000 policías ecuatorianos han recibido capacitación por parte de Colombia en estrategias contra el narcotráfico, como parte de una cooperación que las autoridades califican de histórica y sostenida.
La Cancillería recordó que ambos mandatarios habían acordado en 2024 convocar mesas técnicas de seguridad fronteriza en el primer trimestre de 2025, compromiso que, según Colombia, no se concretó. Tras nuevas propuestas de reunión en noviembre de 2025 y enero de 2026, la respuesta ecuatoriana fue la imposición del arancel. Colombia presentó una nota de protesta y propuso encuentros ministeriales que tampoco recibieron confirmación.
Ante la falta de avances, Colombia anunció medidas para mitigar los efectos económicos. La ministra de Comercio informó la aplicación de un “arancel inteligente” a 23 productos ecuatorianos, mientras que el Ministerio de Minas y Energía suspendió las exportaciones de electricidad a ese país. El Gobierno subrayó que estas decisiones son reversibles y dependen de la reactivación del diálogo bilateral.
La situación se tensó aún más con el anuncio ecuatoriano de elevar las tarifas de transporte de crudo colombiano por su territorio. Colombia consideró la medida inamistosa y reiteró que prioriza soluciones concertadas que eviten afectaciones a sectores productivos y comunidades fronterizas. Se insistió en la necesidad de una reunión ministerial urgente para abordar integralmente los temas de seguridad y comercio.
Finalmente, el Gobierno señaló que continuará monitoreando el escenario y no descartó acudir a mecanismos de solución de controversias de la Comunidad Andina. A pesar de las tensiones, la posición oficial mantiene el énfasis en un diálogo franco y constructivo que permita restablecer condiciones de cooperación y estabilidad entre dos países con profundos vínculos históricos, sociales y económicos.
