En medio del debate nacional por la determinación del salario mínimo vital para 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que mantendrá una vigilancia estricta para garantizar los derechos de las y los consumidores. La entidad recordó que su rol no solo se limita a la protección del consumidor, sino también a la defensa de la libre competencia y al control del cumplimiento de reglamentos técnicos. El mensaje es claro: ningún ajuste económico puede convertirse en excusa para abusos en precios o condiciones comerciales. La autoridad se declaró en alerta preventiva. El foco está puesto en el mercado. Y, sobre todo, en el ciudadano.
Desde la SIC se enfatizó que el modelo colombiano de economía social de mercado exige racionalidad y responsabilidad a los actores económicos. La libre iniciativa privada no es absoluta ni está desligada de obligaciones sociales. El ordenamiento prohíbe de manera expresa la fijación de precios excesivos, las conductas coordinadas entre competidores y la influencia indebida de gremios o asociaciones. En este contexto, la autoridad de competencia evaluará con rigor las quejas y denuncias que se presenten. El mercado debe funcionar sin distorsiones. La vigilancia será activa. El control, permanente.
En su calidad de autoridad de consumo, la Superintendencia reiteró que el Estatuto del Consumidor protege a la ciudadanía frente a múltiples prácticas abusivas. Entre ellas, la desinformación, la imposición de cláusulas contractuales desequilibradas, la publicidad engañosa y el incumplimiento de garantías. La SIC recordó que estos derechos no son negociables. Cualquier vulneración será objeto de investigación. El consumidor no está solo frente al mercado. La institucionalidad respalda su posición. La ley es el marco de protección.
Uno de los sectores que concentra especial atención es el de vivienda. La SIC recordó que, mediante la Circular No. 4 de 2024, vigente desde febrero de 2025, se impartieron instrucciones claras al sector constructor. La publicidad y los precios de los proyectos inmobiliarios deben expresarse en pesos colombianos, conforme al artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. Esta medida busca transparencia y claridad para los compradores. No hay espacio para ambigüedades. El precio debe ser claro. La información, verificable.
En desarrollo de esta vigilancia, la entidad elevó requerimientos de información a más de 20 constructoras del país. El objetivo es verificar las condiciones actuales de comercialización de proyectos inmobiliarios. También constatar el cumplimiento de las instrucciones impartidas. La revisión no es simbólica. Busca evidencias concretas. El sector está bajo observación. El mensaje es preventivo, pero firme. El consumidor inmobiliario es prioridad.
Adicionalmente, desde la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal se anunció el refuerzo de acciones de control en regímenes de precios regulados. Sectores estratégicos como el de medicamentos y dispositivos médicos están en el centro de esta vigilancia. Actualmente, la SIC supervisa cerca de 36 mil productos bajo este régimen. El objetivo es evitar incrementos injustificados. La salud no puede ser objeto de especulación. El control técnico se intensifica.
La entidad subrayó que la fijación del salario mínimo no puede trasladarse de forma automática y desproporcionada a los precios finales. Cada sector debe justificar técnicamente sus decisiones. El impacto sobre el consumidor es un criterio central. La SIC evaluará la razonabilidad y proporcionalidad de los ajustes. No se trata de frenar la actividad económica, sino de equilibrarla. El mercado debe servir al bienestar colectivo. Ese es el principio rector.
Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró su compromiso con la defensa del interés general. Emprenderá las acciones necesarias para preservar un mercado justo, competitivo y transparente. Las prácticas abusivas serán reprimidas. Los derechos de las y los consumidores serán protegidos. La economía social de mercado exige reglas claras y cumplimiento efectivo. La SIC anunció que no habrá tolerancia frente a abusos. El consumidor está en el centro. Y la institucionalidad, vigilante.
