La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de agredir a su expareja sentimental en el sur de Bogotá. Los hechos, ocurridos el cuatro de enero de dos mil veintiséis, evidencian una grave situación de violencia basada en género que derivó en una investigación penal prioritaria. La decisión judicial busca garantizar la protección de la víctima, asegurar el desarrollo del proceso y enviar un mensaje claro frente a la intolerancia institucional ante conductas que vulneran derechos fundamentales de las mujeres en contextos de relaciones sentimentales marcadas por agresiones reiteradas y control violento.
El procesado fue identificado como William Sarria Ruíz, quien fue presentado ante una juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en una vivienda ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital. De acuerdo con la investigación, el hombre habría ingresado al conjunto residencial haciéndose pasar por vigilante, estrategia con la cual persuadió a la víctima para que abriera la puerta de su vivienda. Una vez dentro, la situación derivó rápidamente en una agresión que dejó en evidencia un patrón de engaño, intimidación y abuso de confianza previo al ataque cometido.
Según el material probatorio recaudado por la Fiscalía, una vez la víctima abrió la puerta, el agresor le propinó un golpe en el rostro que la hizo caer al suelo. Posteriormente, la habría amenazado de muerte y sometido a una serie de actos de violencia sexual, mientras la mantenía inmovilizada con un cable atado a sus manos. Las autoridades establecieron que la mujer se encontraba en un estado de indefensión absoluta, lo que agravó la conducta del procesado y permitió estructurar cargos de alta gravedad, acordes con la magnitud del daño físico, psicológico y emocional causado durante el ataque violento ocurrido.
Las evidencias recolectadas también indican que el agresor aprovechó la situación para inspeccionar la vivienda y apoderarse de varios objetos de valor. Además, habría accedido de manera irregular al teléfono celular de su expareja sentimental y realizado transferencias no consentidas por un monto aproximado de dos millones de pesos hacia su billetera virtual. Estas conductas ampliaron el espectro delictivo investigado, al incorporar hechos relacionados con el patrimonio económico de la víctima, ejecutados en un contexto de coerción, amenaza y sometimiento que incrementaron el impacto integral del delito y su reproche penal correspondiente.
Durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía conoció que la víctima habría soportado un ciclo de violencia reiterado durante los seis meses que duró la relación sentimental con Sarria Ruíz. Este antecedente permitió a los investigadores contextualizar los hechos dentro de un patrón sistemático de agresiones, control y abuso, característico de dinámicas de violencia de género. La reiteración de conductas violentas fue un elemento clave para sustentar la gravedad de los cargos y la necesidad de adoptar una medida restrictiva de la libertad que protegiera a la víctima y a la sociedad.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado. La imputación refleja la multiplicidad de conductas delictivas atribuidas y la afectación a distintos bienes jurídicos protegidos por la ley penal. Cada uno de los cargos responde a elementos probatorios específicos y a la necesidad de sancionar integralmente un comportamiento que combinó violencia física, sexual, psicológica y económica.
Durante las audiencias preliminares, el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Esta aceptación fue tenida en cuenta por la juez de control de garantías al momento de evaluar la situación jurídica, sin que ello implicara una disminución automática de la gravedad de los hechos. La aceptación de cargos constituye una etapa procesal relevante, pero no elimina la necesidad de imponer medidas de aseguramiento cuando se configuran riesgos para la víctima, la investigación o la comparecencia del imputado al proceso penal en curso.
Finalmente, la juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Sarria Ruíz, decisión que busca garantizar justicia efectiva y protección a la víctima. La Fiscalía reiteró su compromiso con la investigación y judicialización de hechos de violencia contra las mujeres, así como con el acompañamiento institucional a las víctimas. El caso se suma a los esfuerzos por combatir el feminicidio y las agresiones de género, reafirmando que estas conductas no serán toleradas y que el Estado actuará con rigor frente a quienes vulneren la vida y dignidad de las mujeres.
