El Ejército Nacional, a través de la Décima Tercera Brigada, anunció la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá y Cundinamarca, como medida preventiva de seguridad para todo el año dos mil veintiséis. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 00000248 de 2026 y tiene efecto retroactivo desde las cero horas del primero de enero hasta las veinticuatro horas del treinta y uno de diciembre. La disposición busca reducir riesgos, fortalecer el control institucional y contribuir a la convivencia ciudadana en zonas estratégicas del centro del país colombiano actual hoy.
La Resolución establece que la suspensión rige para la ciudad de Bogotá, el departamento de Cundinamarca y los municipios de San Juanito y Calvario, en el Meta, con excepción expresa de las poblaciones de Medina y Paratebueno. La autoridad militar explicó que el alcance territorial responde a análisis de seguridad y orden público, evaluados de manera técnica y periódica. Con esta determinación, la Brigada 13 busca unificar criterios de control, prevenir hechos violentos y apoyar a las autoridades civiles en la protección de la vida, los bienes y la tranquilidad de los ciudadanos en toda la región capital colombiana nacional.
El Ejército Nacional precisó que la medida no es absoluta y contempla excepciones previstas en la ley colombiana. Entre ellas se incluyen los permisos otorgados a entidades del Estado como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia. También se mantienen vigentes los permisos concedidos a empresas de vigilancia y seguridad privada debidamente autorizadas, así como a las misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado colombiano según normas vigentes y acuerdos internacionales reconocidos oficialmente por las autoridades competentes del país en ejercicio constitucional permanente.
De igual forma, la Brigada reiteró las excepciones contenidas en la Directiva 002 de 2026, que ampara al personal activo y a los veteranos de la Fuerza Pública, además de los Profesionales Oficiales de la Reserva y otros casos expresamente autorizados. Estas salvedades responden a funciones constitucionales y misionales que requieren el porte de armas para el cumplimiento del deber. La autoridad militar recordó que cualquier uso indebido será investigado y sancionado conforme a la normatividad penal y disciplinaria vigente aplicable en el territorio nacional colombiano durante el periodo establecido, con control institucional permanente y seguimiento estricto operativo preventivo integral.
La suspensión de permisos tiene carácter preventivo y busca disminuir la circulación de armas en contextos urbanos y metropolitanos, especialmente en momentos de alta afluencia ciudadana. Las autoridades consideran que esta medida contribuye a la reducción de hechos de violencia, lesiones personales y conflictos armados de carácter individual. Asimismo, permite fortalecer las acciones de control y verificación por parte de la Fuerza Pública, en coordinación con alcaldías, gobernaciones y organismos judiciales, garantizando una respuesta oportuna frente a situaciones que alteren el orden público regional y la seguridad ciudadana integral sostenida durante el año dos mil veintiséis completo, conforme a evaluación.
La Brigada 13 indicó que la resolución cuenta con sustento jurídico y se enmarca en las competencias otorgadas por la ley para regular el porte de armas en circunstancias especiales. La medida será objeto de seguimiento permanente y podrá ser ajustada si las condiciones de seguridad lo permiten. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a respetar la disposición y a abstenerse de portar armas sin autorización, recordando que el incumplimiento puede acarrear sanciones penales y administrativas conforme a la legislación vigente en Colombia, con controles estrictos, pedagógicos y operativos durante el periodo establecido oficialmente para todos los casos aplicables reportados.
Las autoridades militares reiteraron que esta decisión no busca afectar derechos legítimos, sino priorizar la protección de la vida y la convivencia pacífica. El control del porte de armas es considerado una herramienta clave dentro de las estrategias de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En ese sentido, se enfatizó la importancia de la corresponsabilidad social y del respeto a las normas como pilares fundamentales para construir entornos seguros en Bogotá, Cundinamarca y municipios aledaños del centro del país, con participación ciudadana, control institucional, prevención permanente y compromiso colectivo sostenido durante todo el año dos mil veintiséis.
Finalmente, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad, el orden constitucional y la defensa de la soberanía. Bajo el lema Patria, Honor y Lealtad, la institución señaló que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades civiles para proteger a la población. El mensaje final enfatiza que estas decisiones buscan fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que Colombia avance hacia escenarios de mayor tranquilidad, legalidad y respeto por la vida
