Un nuevo proceso judicial sacude a la Rama Judicial. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos a la magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, María del Carmen Ramírez Villanueva, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan al 10 de julio de 2013, cuando la hoy magistrada se desempeñaba como jueza laboral del circuito de Barranquilla. En ese momento, habría librado un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado, pese a que existían pruebas y normas que demostraban que las mesadas reclamadas ya habían sido canceladas en su totalidad.
El ente acusador sostiene que la decisión fue manifiestamente contraria a la ley, pues desconoció tanto el material probatorio como un pronunciamiento expreso de una instancia superior. El Tribunal Superior de Barranquilla había advertido que el crédito debía fijarse en cero, al estar plenamente cubiertas las obligaciones pensionales.
Según la Fiscalía, la funcionaria incrementó de manera injustificada una liquidación inicial cercana a 571 millones de pesos, que ella misma había establecido en un auto del 24 de mayo de 2010. Posteriormente, habría reconocido valores ya pagados por el entonces Instituto de Seguro Social y sumado intereses moratorios e indexación que no tenían sustento legal.
Para el organismo investigador, esta actuación permitió que el beneficiario se apropiara de recursos públicos correspondientes a mesadas oportunamente canceladas, lo que habría generado un detrimento patrimonial para el Estado por una cuantía superior a los 1.600 millones de pesos, pagados de manera fraccionada.
El proceso penal avanza bajo el entendido de que las decisiones judiciales deben sujetarse estrictamente al marco legal y a los fallos de instancias superiores, especialmente cuando están en juego recursos públicos y derechos pensionales ya satisfechos.
La Fiscalía precisó que la divulgación de este caso responde a razones de interés general, en un contexto de control y vigilancia sobre el ejercicio de la función judicial y la protección del patrimonio del Estado.
