La Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 presuntos integrantes de un grupo delincuencial señalado de estar detrás de una ola de homicidios y del tráfico local de estupefacientes en el municipio de Soacha. La estructura, conocida como Los Vida Nueva, habría operado principalmente en la Comuna 2. Las autoridades atribuyen al grupo al menos seis asesinatos consumados. Los hechos se habrían registrado entre 2024 y 2025. La investigación permitió esclarecer su modo de operación. El caso representa un golpe relevante contra el crimen organizado local.
Entre los judicializados figuran dos presuntos cabecillas identificados como Esteban Mauricio Romero Benavides, alias El Gato, y Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias Cachaco. Este último habría ordenado homicidios desde su lugar de reclusión por otros procesos judiciales. Según la Fiscalía, ambos serían responsables del suministro de armas. También habrían coordinado acciones sicariales para el control territorial. El liderazgo criminal se ejercía de forma indirecta. Las órdenes se transmitían a través de terceros. La estructura mantenía una jerarquía definida.
Las investigaciones señalan que el principal móvil de los homicidios estaría relacionado con el control de la venta de estupefacientes en la zona. El grupo habría consolidado su accionar criminal desde octubre de 2024. Para sostener la operación ilegal, instrumentalizaban a menores de edad. Los niños y adolescentes eran usados para transportar y distribuir droga. También cumplían labores de vigilancia. Este componente agravó la imputación penal. La Fiscalía destacó la gravedad de este hecho.
Junto a los cabecillas fueron judicializados otros diez presuntos integrantes. Entre ellos figuran Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro y Andrés Felipe Cante Martínez. También aparecen Lubin Andrés Rodríguez Lombana y Gerardo Palacios Molina. Según la investigación, cumplirían roles de expendedores y sicarios. La estructura operaba de manera coordinada. Cada integrante tenía funciones específicas. El objetivo era sostener el negocio ilegal. El control territorial era clave.
Además de los seis homicidios consumados, las autoridades atribuyen al grupo cuatro hechos sicariales más. En estos ataques, las víctimas sobrevivieron pese a haber sido blanco de disparos. Estos casos también hacen parte del expediente judicial. La Fiscalía señaló que los intentos de homicidio evidencian la violencia sistemática del grupo. La reiteración de los hechos encendió las alertas institucionales. La respuesta judicial fue prioritaria. El patrón criminal quedó plenamente documentado.
Una fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los procesados varios delitos. Entre ellos se encuentran homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. También se les imputó concierto para delinquir. A esto se suman cargos por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. El uso de menores de edad agravó el cuadro penal. Cada imputación se realizó de forma individualizada. El proceso avanza bajo estrictos protocolos legales.
Durante las diligencias de allanamiento y registro, realizadas en diferentes sectores de Soacha, se materializaron las capturas. En los operativos se incautaron cuatro armas de fuego y 24 cartuchos calibre 38. También fueron decomisados kilo y medio de base de coca y 739 cápsulas de bazuco. Las autoridades hallaron cinco teléfonos celulares y un vehículo. Estos elementos serán clave como material probatorio. La evidencia refuerza la acusación.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión busca evitar la continuidad del accionar criminal. Las autoridades destacaron el impacto del operativo en la seguridad local. El caso envía un mensaje de control institucional. La Fiscalía reiteró su compromiso contra el homicidio y el microtráfico. En Soacha, la justicia avanza contra el crimen organizado.
