Aunque Colombia se ha posicionado como uno de los países líderes de América Latina en inteligencia artificial, con política pública, lineamientos éticos y marcos regulatorios en construcción, ese avance institucional aún no se refleja con la misma fuerza en el uso cotidiano de estas tecnologías por parte de empresas, entidades públicas y ciudadanos. El país ha construido la arquitectura normativa, pero la apropiación práctica sigue siendo desigual.
Esa es una de las principales conclusiones del estudio “IA en Colombia: análisis del entorno, desarrollo, regulación y perspectivas”, elaborado en el marco de la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT). El informe ofrece un diagnóstico integral del ecosistema nacional y advierte que el liderazgo en políticas no necesariamente se traduce en impacto real si no se acompaña de capacidad de implementación y adopción amplia.
El documento señala que el debate nacional se ha concentrado en la regulación, los principios éticos y los riesgos, mientras persisten brechas estructurales en conectividad, infraestructura tecnológica, formación de talento, bilingüismo digital y apropiación social. Este panorama se refleja en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, donde Colombia alcanza 55,84 puntos sobre 100, ubicándose en el grupo de países adoptantes.
“El país ya dio un paso clave al definir reglas y política pública. Ahora el desafío es cómo hacer que la inteligencia artificial llegue a las empresas medianas, a los territorios, a la educación y al Estado, y se convierta en una herramienta cotidiana para mejorar productividad y servicios”, afirmó Erick Rincón, miembro de la alianza y director del TIC Tank de la Universidad del Rosario.
Más allá del diagnóstico, el estudio advierte que el principal reto de Colombia en IA no es normativo, sino de coordinación y capacidad institucional. Plantea como prioridad fortalecer la articulación entre entidades responsables, evitar la fragmentación regulatoria y avanzar hacia mecanismos efectivos de coordinación intersectorial y territorial que permitan llevar la política pública a resultados concretos.
En ese marco, se propone implementar instrumentos como evaluaciones de impacto algorítmico y auditorías sociotécnicas bajo criterios de proporcionalidad y gradualidad, de modo que la supervisión no se convierta en una barrera operativa. El enfoque, según el informe, debe combinar garantías, confianza y estímulos para la adopción, especialmente en sectores productivos que aún no integran IA en sus procesos.
El documento también recomienda crear una matriz nacional de seguimiento con indicadores claros por dimensión, que permita medir avances reales, identificar brechas y ajustar políticas con base en evidencia. Además, subraya la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del Estado para adoptar soluciones de IA y supervisar su uso con talento especializado y herramientas adecuadas.
La inversión en educación y talento ocupa un lugar central. El estudio plantea incorporar pensamiento computacional, ciencia de datos e inteligencia artificial desde la educación básica, ampliar la formación técnica y el reentrenamiento laboral, y reducir brechas territoriales, sociales y de género que hoy limitan el acceso a estas tecnologías.
Todo lo anterior debe apoyarse en condiciones habilitantes como mayor conectividad, acceso a servicios de computación en la nube, infraestructura digital robusta y bilingüismo técnico. A esto se suma la integración transversal de la protección de datos, la ciberseguridad, la ética y la gestión de riesgos como base para generar confianza en el uso de la inteligencia artificial.
“Regular no es suficiente si no se acompaña de pedagogía, incentivos y una articulación efectiva entre actores públicos y privados”, agregó Felipe Torres, miembro de la alianza y director de ATREVIA Colombia. La AIT, integrada por organizaciones académicas y empresariales, se posiciona así como un actor que busca que la IA deje de ser una promesa normativa y se convierta en una herramienta de impacto real para el desarrollo del país.
