El campo colombiano sigue empujando la economía nacional con cifras que hablan por sí solas. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha invertido $124,5 billones en el sector rural, una apuesta que se refleja en crecimiento, producción y mayor dinamismo territorial. Lejos de ser un sector rezagado, el agro vuelve a ocupar un lugar central. La economía campesina gana protagonismo. El crédito se convierte en herramienta de transformación. La ruralidad entra en la conversación macroeconómica.
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario reportó que durante 2025 se realizaron 395.614 operaciones crediticias a través de bancos y cooperativas. Estas beneficiaron a 312.837 productores agropecuarios en todo el país. El dato clave es estructural: el 90 % de los beneficiarios fueron pequeños productores. La banca de fomento llegó a quienes históricamente estaban al margen. El crédito dejó de ser privilegio. El acceso se amplió. El impacto se siente en las regiones.
Los desembolsos de Finagro alcanzaron los $48,1 billones, un crecimiento del 15,8 % frente a 2024. La cifra no solo supera el año anterior, sino que también rebasa la meta oficial. El Plan Indicativo de Crédito fijado por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario era de $43 billones. El cumplimiento fue del 112 %. El resultado muestra capacidad operativa. También confianza del sector financiero. El crédito agropecuario gana tracción real.
Para la presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, estos números confirman una decisión política clara. El crédito de fomento se consolida como herramienta para transformar el campo. La apuesta involucra al Grupo Bicentenario y al Ministerio de Agricultura. El enfoque va más allá del financiamiento. Se trata de impulsar productividad, inclusión y sostenibilidad. El crédito se alinea con desarrollo. El campo deja de sobrevivir y empieza a crecer.
Uno de los avances más relevantes ha sido la ampliación del alcance social del crédito. Finagro logró llegar a más pequeños campesinos, mujeres rurales, jóvenes, asociaciones productivas y comunidades indígenas y afrodescendientes. Las soluciones financieras se ajustaron a realidades productivas diversas. El modelo dejó de ser uniforme. La inclusión dejó de ser discurso. El crédito reconoce las diferencias territoriales. El enfoque social se volvió operativo.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, puso el acento en la asociatividad como motor de inclusión financiera. Apostarle al crédito colectivo permite economías de escala, facilita la comercialización y abre nuevos mercados. También fortalece la asistencia técnica. La asociatividad deja de ser complemento. Se convierte en estrategia central. El campo organizado gana músculo económico. La productividad se multiplica.
Las cifras respaldan esa visión. Al cierre de 2025, Finagro desembolsó $464.979 millones en créditos asociativos. El crecimiento frente a 2024 fue del 58 %. Este tipo de financiamiento permite acceder a montos más altos. Reduce riesgos individuales. Fortalece cadenas productivas. Según César Sánchez, el objetivo es llegar donde la banca tradicional no llega. Democratizar el crédito es la consigna. El campo entra al sistema financiero.
Finalmente, Finagro destacó su aporte a la seguridad alimentaria. Más de $11 billones fueron desembolsados en 2025 para la producción de alimentos, con un crecimiento del 3 %. No es solo una cifra económica. Es una señal estratégica. Producir alimentos es soberanía, empleo y estabilidad. El crédito siembra más que cosechas. Siembra futuro. El campo responde. Y la economía colombiana lo siente.
