La justicia colombiana condenó a Édgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 5-7 o Samuel, señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’, por ordenar treinta homicidios cometidos en municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira. La sentencia es resultado de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que el procesado aceptó su responsabilidad como autor mediato, actuando por cadena de mando dentro de la estructura criminal. Los crímenes ocurrieron entre febrero y junio de 2022 y formaron parte de una ofensiva armada coordinada, que impactó gravemente a la población civil y al sector transportador de la región Caribe.
Las investigaciones establecieron que varios de los asesinatos hicieron parte de una retaliación armada tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, entonces máximo jefe del grupo armado ilegal. Según el material probatorio, Córdoba Trujillo impartió órdenes directas para ejecutar acciones violentas con el objetivo de sembrar miedo, paralizar la economía local y demostrar capacidad de control territorial. Esta ofensiva criminal incluyó ataques selectivos y aleatorios, afectando corredores viales estratégicos y zonas comerciales, en un intento por presionar a la población y a las autoridades mediante el terror, generando un impacto significativo en la seguridad regional.
Las víctimas de estos hechos no fueron únicamente objetivos criminales, sino ciudadanos que continuaron con sus actividades cotidianas pese a las amenazas. Comerciantes que no cerraron sus establecimientos, personas que se opusieron al pago de extorsiones y habitantes que se negaron a abandonar sus territorios fueron atacados por orden del hoy condenado. La Fiscalía documentó que estas conductas buscaban reforzar el control social del grupo armado ilegal, castigando cualquier forma de desobediencia. La violencia ejercida vulneró derechos fundamentales y dejó una profunda huella en comunidades que durante meses vivieron bajo intimidación constante y permanente zozobra colectiva.
Uno de los crímenes más representativos ocurrió el 6 de mayo de 2022 sobre la Ruta del Sol, a la altura del municipio de El Copey, en Cesar. Integrantes del ‘Clan del Golfo’ dispararon contra varios vehículos de carga que transitaban por el corredor vial, causando la muerte de un conductor de tractomula. Este ataque buscó afectar el transporte de mercancías y enviar un mensaje de fuerza a las autoridades. La acción generó temor entre transportadores y evidenció el alcance de la ofensiva criminal, que no distinguía entre objetivos armados y civiles en sus operaciones violentas.
Ese mismo día se registró otro homicidio en el municipio de Pivijay, Magdalena, donde dos comerciantes fueron atacados dentro de su propio negocio. De acuerdo con la investigación, los propietarios mantuvieron abierto su local de abarrotes pese a las intimidaciones previas. Hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte de las víctimas. Este hecho reflejó la sevicia de la estructura criminal y su estrategia de imponer control mediante el asesinato selectivo, castigando a quienes desafiaban las órdenes ilegales impuestas por el grupo armado en la región.
Tras valorar el conjunto probatorio, un juez penal de conocimiento de Santa Marta condenó a Córdoba Trujillo a 24 años de prisión. La sentencia incluye los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, todos agravados. Adicionalmente, fue hallado responsable de fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, utilización ilegal de uniformes e insignias y uso ilícito de redes de comunicación. La decisión judicial reconoce la gravedad de las conductas y el impacto extendido de la criminalidad organizada en el Caribe colombiano.
La condena representa un avance significativo en la lucha contra las estructuras armadas ilegales que operan en el norte del país. Para la Fiscalía, el fallo reafirma la importancia de la investigación penal estratégica para desarticular mandos medios y altos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. El reconocimiento de responsabilidad mediante preacuerdo permitió esclarecer los hechos, visibilizar a las víctimas y consolidar un precedente judicial frente a las retaliaciones criminales que buscan desafiar al Estado. Las autoridades destacaron que este tipo de decisiones fortalecen la confianza ciudadana en la justicia.
Esta información se divulga por razones de interés general, en atención a la relevancia de los hechos y su impacto en la seguridad y la convivencia ciudadana. La condena contra alias 5-7 o Samuel envía un mensaje claro sobre las consecuencias penales para quienes ordenan homicidios y utilizan la violencia como herramienta de control territorial. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar persiguiendo a los responsables de crímenes cometidos por organizaciones armadas ilegales y de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y las comunidades afectadas por estas acciones.
