El cálculo adecuado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es un factor determinante para garantizar el derecho fundamental a la salud y la atención oportuna de los pacientes, en especial de quienes viven con enfermedades huérfanas. Así lo reiteró el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas ENHU, al advertir que una UPC mal definida profundiza las barreras de acceso, deteriora la sostenibilidad del sistema y agrava la crisis de atención que se evidenció de forma reiterada durante 2025.
De acuerdo con el Observatorio, el aumento de la UPC para 2025 fue del 5,36 %, un ajuste calculado principalmente con base en la inflación. Sin embargo, este incremento resultó insuficiente para cubrir los costos reales del sistema de salud, que incluyen factores como el alza del salario mínimo, el encarecimiento de medicamentos, tecnologías y servicios especializados, así como el crecimiento de la demanda asistencial. Diversos sectores han advertido que este desfase impacta directamente la capacidad de respuesta de las EPS.
El pasado 12 de diciembre, la Corte Constitucional fue enfática al señalar que las políticas públicas del Gobierno nacional no han atendido de manera adecuada los problemas estructurales del sistema de salud. En su pronunciamiento, el alto tribunal reconoció que persiste un incumplimiento general del principio de suficiencia de la UPC y cuestionó la metodología utilizada para definir su valor, al no reflejar los costos reales de la atención.
Uno de los puntos críticos señalados es el desajuste entre el incremento de la UPC y el aumento de otros rubros clave del sistema. Mientras en 2025 el salario mínimo creció un 9,53 %, la UPC solo lo hizo en 5,36 %, generando una presión financiera significativa. Este desequilibrio afecta la capacidad de las instituciones para pagar talento humano, garantizar insumos y sostener la operación, con consecuencias directas para los pacientes.
“El valor de la UPC debe determinarse con criterios técnicos y con el foco puesto en las necesidades reales de los pacientes. La eliminación de barreras, los retrasos y las negaciones en la atención dependen de que el sistema cuente con recursos suficientes y bien calculados”, afirmó Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo directivo del Observatorio ENHU, que agrupa a 39 organizaciones de pacientes en el país.
Salazar advirtió además que no basta con definir un monto que cubra el año en curso, sino que es urgente corregir los rezagos acumulados. Según estimaciones del sector, el déficit del sistema de salud podría cerrar 2025 en cerca de 9 billones de pesos, a lo que se suman deudas de vigencias anteriores. Esta situación compromete la continuidad de tratamientos y la atención de patologías complejas y de alto costo.
Las cifras respaldan el deterioro del sistema. La Corte Constitucional reportó que las tutelas relacionadas con el derecho a la salud aumentaron un 34 % entre 2023 y 2024, y se prevé que continúen al alza. A esto se suman más de 620.000 quejas contra EPS por medicamentos no entregados, entregas incompletas o retrasos, evidenciando fallas estructurales en el acceso.
Ante este panorama, la Corte inició un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud y Protección Social, por el incumplimiento de órdenes impartidas desde 2007 para garantizar el derecho fundamental a la salud. Desde el Observatorio ENHU reiteran la urgencia de adoptar decisiones contundentes para definir una UPC suficiente, técnica y centrada en el paciente, que permita frenar la “odisea” que hoy enfrentan miles de personas y asegurar la continuidad de sus tratamientos y su calidad de vida.
