El Ministerio de Minas y Energía anunció que estudiará con rigor técnico la propuesta de los gremios del sector para estratificar el cobro de la energía eléctrica según el nivel de consumo. La cartera señaló que cualquier discusión deberá basarse en transparencia, responsabilidad y análisis de impacto real sobre los hogares. El Gobierno advirtió que los recursos públicos no pueden seguir destinándose a financiar privilegios injustificados. Este debate, afirmó, debe centrarse en corregir inequidades históricas. La propuesta se evaluará con criterios de equidad y sostenibilidad.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el sistema actual refleja un desequilibrio profundo que afecta el propósito social del presupuesto nacional. Según explicó, una parte significativa de los subsidios termina beneficiando a usuarios con plena capacidad de pagar el costo real de su consumo. “Lo que hoy existe es una injusticia histórica”, indicó el ministro, al insistir que la inversión pública debe llegar a quienes verdaderamente lo necesitan. Esta situación, dijo, limita recursos clave para educación y salud. Las tarifas deben reflejar justicia y responsabilidad.
Durante su intervención, Palma enfatizó que sectores de poder económico han defendido por años un modelo que favorece a quienes más consumen energía. El ministro advirtió que mantener este sistema perpetúa desigualdades y concentra beneficios en poblaciones de altos ingresos. “Nosotros no vamos a defender privilegios, defendemos el interés público”, afirmó. La posición del Gobierno es reorientar los subsidios hacia los hogares vulnerables. La reforma tarifaria, añadió, debe promover eficiencia y equidad. El bienestar de los usuarios debe ser el centro del debate.
El jefe de la cartera agregó que la revisión de los subsidios no puede basarse en presiones políticas o intereses particulares. Señaló que el país requiere un sistema tarifario que refleje capacidad de pago, hábitos de consumo y criterios de justicia social. De manera enfática, recordó que el presupuesto no puede seguir compensando consumos elevados en sectores con poder adquisitivo. La propuesta de estratificación, dijo, será analizada con datos y evidencia. Cualquier ajuste deberá mejorar la redistribución del gasto. La equidad será el principio rector.
El Ministerio reiteró que esta discusión se enmarca en la agenda energética nacional que busca construir un modelo más justo y sostenible. El objetivo es garantizar que cada peso del presupuesto opere en función del bienestar colectivo y no del beneficio de unos pocos. El Gobierno insistió en que la transición hacia un esquema tarifario equitativo es inaplazable. La reforma deberá integrar elementos de justicia distributiva y protección a los más vulnerables. La decisión final se tomará tras un análisis profundo del impacto social. La prioridad es proteger a los usuarios.
La cartera también señaló que evaluar el consumo como criterio tarifario permite avanzar hacia una estructura más racional y acorde con estándares internacionales. Países que aplican modelos similares han logrado reducir subsidios regresivos y optimizar recursos públicos. En Colombia, esta transición abriría oportunidades para una mayor eficiencia en el sector. El Gobierno destacó que estos cambios deben hacerse con gradualidad. El objetivo es evitar cargas súbitas sobre los hogares. La sostenibilidad financiera del sistema será un componente clave.
El Ministerio enfatizó que la discusión debe incluir a todos los actores del sector energético, desde los gremios y empresas distribuidoras hasta organizaciones sociales y usuarios. La construcción de un consenso será fundamental para garantizar estabilidad regulatoria y aceptación ciudadana. Palma reiteró que la participación plural enriquece el debate. Escuchar diferentes visiones permitirá ajustar la propuesta de manera responsable. La meta es obtener una regulación más robusta. El proceso se llevará a cabo con total apertura institucional. El diálogo será permanente.
Finalmente, el Gobierno nacional reafirmó que su compromiso es avanzar hacia un sistema que garantice justicia tarifaria y sostenibilidad. La transformación del modelo actual buscará corregir desigualdades acumuladas durante décadas. Las tarifas deberán reflejar un uso responsable, un consumo consciente y una distribución equitativa del gasto público. El Ministerio aseguró que cualquier decisión se tomará con rigor y responsabilidad. La energía, concluyó, debe ser un derecho garantizado con criterios de equidad. El país espera un sistema más justo y transparente.
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Economía
