En un ambiente de optimismo y cooperación regional, Colombia y diversos organismos multilaterales trabajan conjuntamente en la construcción de un programa que podría transformar la trayectoria educativa de miles de jóvenes afrodescendientes en Iberoamérica. La iniciativa surge del interés común por cerrar brechas históricas y garantizar condiciones de permanencia dignas en las universidades del continente. Bajo este espíritu, entidades como la CEPAL, la OEA, el UNFPA y el Ministerio de Igualdad y Equidad suman esfuerzos técnicos y políticos para consolidar un proyecto sin precedentes.
El programa, denominado “Iniciativas para el fortalecimiento de las identidades culturales y la cohesión social afrodescendiente en entornos de educación superior”, tiene como propósito central asegurar que estudiantes afrodescendientes de ocho países puedan mantenerse en el sistema universitario. La apuesta busca atender no solo necesidades académicas, sino también barreras sociales, económicas y culturales que hoy limitan las trayectorias educativas. La visión es ambiciosa: construir entornos que reconozcan, dignifiquen y fortalezcan las identidades afro en toda su riqueza.
Para el ministro Juan Carlos Florián Silva, esta tarea llega en un momento decisivo para la región. “Cerrar la brecha educativa no es solo un compromiso técnico, es un acto de justicia histórica”, señaló al recordar que los indicadores muestran persistentes desigualdades. Según datos recientes de la CEPAL, apenas el 10,5 % de los jóvenes afrocolombianos entre 25 y 29 años logran culminar sus estudios superiores. La cifra refleja una urgencia ineludible y al mismo tiempo un llamado a priorizar políticas públicas que impacten la permanencia estudiantil.
El ministro enfatizó que Colombia no está sola en este esfuerzo. La articulación con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Cancillería de Colombia evidencia un compromiso que trasciende fronteras. “Cuando se articulan voluntades, los cambios dejan de ser sueños para convertirse en decisiones de política pública”, afirmó Florián Silva, subrayando el valor de unir capacidades técnicas, diplomáticas y financieras.
En Bogotá, los organismos aliados sostuvieron reuniones de trabajo para avanzar hacia la formulación final del proyecto, que entraría en operación en 2026. La iniciativa iniciaría con un presupuesto compartido de 150 mil euros, destinados a la implementación del primer Proyecto, Iniciativa y Proyecto Adscrito (PIPA) dedicado exclusivamente a población afrodescendiente. Los países beneficiados incluirán Uruguay, El Salvador, Brasil, España, Guatemala, Ecuador, México y Colombia, articulados bajo estándares de cooperación iberoamericana.
La clasificación como PIPA representa un hito dentro de los mecanismos de la SEGIB, pues otorga a esta iniciativa un carácter estratégico en la agenda regional. El objetivo es impulsar entornos educativos más seguros, libres de racismo estructural y alineados con las necesidades culturales de las comunidades afrodescendientes. Para el Ministerio de Igualdad y Equidad, la prioridad está en asegurar espacios universitarios que promuevan no solo la permanencia, sino el bienestar integral y el liderazgo social.
“Queremos que cada estudiante afrodescendiente sienta que la universidad es un lugar para quedarse, crecer y transformar sus territorios”, sostuvo el ministro Florián Silva, al destacar que la permanencia estudiantil debe acompañarse de políticas de identidad, acompañamiento psicosocial, reconocimiento cultural y oportunidades reales de desarrollo profesional. El proyecto buscará también fortalecer el vínculo entre academia y comunidades, promoviendo que el conocimiento responda a realidades territoriales.
Con esta apuesta, Iberoamérica avanza hacia un modelo de educación superior más equitativo y representativo. La iniciativa no solo aborda un rezago histórico, sino que abre la posibilidad de construir nuevas narrativas, donde las juventudes afrodescendientes no deban adaptarse a estructuras excluyentes, sino que encuentren instituciones preparadas para reconocer sus identidades. Más que un programa, este esfuerzo comienza a delinearse como un hito regional en materia de justicia social y transformación educativa.
