La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos hallazgos sobre presuntas irregularidades cometidas por el exgobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, en el marco de la contratación realizada durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Según la entidad, la acción investigativa permitió identificar posibles anomalías en la celebración del contrato 01 del26 de marzo de 2020 , cuyo valor ascendió a 445 millones de pesos y tenía como objetivo la entrega de 800 kits de ayuda humanitaria para población víctima del conflicto armado.
De acuerdo con las verificaciones realizadas, el entonces mandatario departamental habría suscrito el contrato en contravía de la normatividad vigente, pese a que el país atravesaba una situación excepcional. La Fiscalía sostiene que la contratación directa ejecutada bajo la declaratoria de emergencia no justificaba omisiones ni incumplimientos de los requisitos legales. Estas situaciones, según el ente acusador, podrían haber afectado la transparencia y la correcta destinación de los recursos públicos.
La investigación también evidenció que el contrato fue adjudicado a una distribuidora y comercializadora de alimentos cuyo propietario habría sido señalado de aportar recursos a la campaña política de Palacios Calderón a la Gobernación. Este vínculo, según la Fiscalía, genera dudas sobre la imparcialidad del proceso y abre la posibilidad de un favorecimiento indebido en la selección del contratista. El hallazgo es considerado un elemento relevante dentro del análisis penal y disciplinario.
Ante los indicios recopilados, una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exfuncionario el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, una conducta sancionada por la ley al omitir los principios esenciales de la contratación estatal. La imputación forma parte del proceso adelantado en calidad de aforado, debido a que los hechos investigados ocurrieron cuando Palacios ejercía como gobernador del departamento.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que las decisiones adoptadas por el exmandatario en el proceso contractual habrían afectado la correcta administración de los recursos destinados a la atención de la población más vulnerable. El ente acusador señaló que las ayudas humanitarias debían entregarse con criterios de urgencia, pero también con estricta sujeción a la legalidad, garantizando eficiencia, transparencia y control. Las presuntas irregularidades habrían vulnerado estos principios.
El proceso contractual también presenta observaciones relacionadas con la falta de estudios previos adecuados y con posibles inconsistencias en los valores pactados. Según la Fiscalía, estas deficiencias habrían impedido verificar si los costos estaban ajustados a las necesidades reales de la emergencia. El ente acusador investiga si existieron sobrecostos o acuerdos previos que favorecieran a particulares en detrimento de los recursos públicos.
La imputación del delito no implica una condena, pero sí marca un paso decisivo dentro del proceso penal. El exgobernador podrá presentar su versión y ejercer su defensa en las siguientes etapas. La Fiscalía anunció que continuará con la recolección de pruebas documentales, testimoniales y contables, con el fin de determinar si existieron otros funcionarios o terceros vinculados a los hechos investigados.
La Fiscalía insistió en que las contrataciones hechas durante la emergencia sanitaria debían mantenerse bajo estrictos controles para evitar abusos y garantizar que los recursos llegaran efectivamente a las comunidades afectadas. Con esta imputación, el ente acusador reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y con la protección de los recursos destinados a la atención de víctimas y población vulnerable en el país.
