La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’ o ‘Papá pitufo’, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Según la investigación, el hoy procesado sería el cabecilla de una estructura delictiva que habría corrompido a funcionarios públicos e integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) con el propósito de facilitar el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en Colombia.
De acuerdo con los elementos probatorios recolectados por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Marín Buitrago habría articulado una red destinada a asegurar la colaboración de servidores públicos mediante pagos mensuales. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, presuntamente fijó montos de 3’500.000 pesos para patrulleros y 5’000.000 pesos para oficiales que accedieran a favorecer a la organización criminal en los controles aduaneros.
Las autoridades establecieron que ‘El Viejo’ no solo dirigía los pagos periódicos, sino que también habría participado de manera directa en al menos cuatro eventos delictivos en los que entregó sobornos a uniformados de la Policía Nacional. Estos pagos tenían como finalidad garantizar el libre tránsito de cargamentos ilícitos y permitir la operación de rutas utilizadas para transportar mercancía de contrabando hacia distintos puntos del país.
Asimismo, la Fiscalía documentó otros 17 hechos ilícitos en los que, presuntamente, Marín Buitrago utilizó a subalternos para concretar la entrega de dinero en efectivo y vehículos de alta gama a diferentes servidores públicos. Entre los beneficios ofrecidos se encontraría un apartamento en Cartagena, puesto a disposición de un oficial de la Polfa para su ocupación indefinida, como parte de una estrategia para asegurar su colaboración con la estructura criminal.
El ente acusador indicó que estos sobornos buscaban afectar los controles institucionales y permitir que la organización desviara, alterara o manipulara procedimientos aduaneros y fiscales. La supuesta participación de miembros activos de la fuerza pública habría incrementado la capacidad operativa de la red, facilitando el movimiento de mercancía ilegal sin mayores inspecciones ni reportes.
Las evidencias permitirán sustentar en juicio la existencia de una estructura jerarquizada en la que Marín Buitrago ocupaba el rol de coordinador principal. La Fiscalía destacó que la corrupción asociada al contrabando no solo genera pérdidas millonarias al Estado, sino que afecta directamente la competencia leal, el comercio legal y la seguridad económica del país, por lo que este proceso penal adquiere una relevancia estratégica.
La acusación formal establece que los actos delictivos atribuibles a ‘El Viejo’ constituyen un riesgo para la integridad institucional y comprometen a quienes, desde lo público, deberían ejercer control. La conducta presuntamente desplegada pone en evidencia la capacidad de la criminalidad organizada para infiltrarse en entidades clave, razón por la cual el ente investigador continúa fortaleciendo las medidas para contrarrestar estas estructuras.
Por disposición del juez penal especializado de Bogotá encargado del caso, la audiencia preparatoria de juicio iniciará en febrero de 2026. Mientras avanza el proceso, la Fiscalía reafirmó su compromiso de combatir la corrupción en todos los niveles y llevar a los responsables ante la justicia, especialmente en casos donde se afecta la función pública y la confianza ciudadana en las instituciones.
