La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la investigación derivada del operativo realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), en el que fue interceptada una caravana integrada por miembros del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC. En ese procedimiento se incautaron computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos que permanecen bajo cadena de custodia. La información extraída ha sido clave para la judicialización de 28 disidentes del frente 36. El caso sigue generando nuevas verificaciones. La entidad reforzó las pesquisas.
El material incautado fue legalizado ante jueces de la República y sometido a análisis forense por equipos especializados de la DIJIN. En total, se emitieron cinco informes técnicos, el último entregado el 26 de junio de 2025 a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Medellín, quien lidera la investigación desde hace 16 meses. El cruce más reciente de datos fue ordenado el 24 de septiembre, junto con un amplio despliegue de actos investigativos en curso. La Fiscalía indicó que existe una gran cantidad de información pendiente de verificación. Las labores continúan. El proceso es complejo.
Tres integrantes de la caravana ya fueron judicializados: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque (alias Oliver) aceptaron cargos por porte ilegal de armas y cumplen pena de prisión; mientras que Édgar de Jesús Ortega (alias Firu) fue acusado por homicidio y permanece privado de la libertad. En contraste, ese día no fueron capturados alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, debido a la suspensión previa de sus órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005, 0282 y 0283. La Fiscalía recordó el alcance jurídico de esas medidas. Las decisiones fueron evaluadas judicialmente. El operativo respetó la normativa vigente.
La Fiscalía aclaró que durante estos 16 meses ninguna dependencia del nivel central —ni el despacho de la fiscal general, ni la Delegada contra la Criminalidad Organizada, ni la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC)— recibió reportes o copias sobre hechos o conductas punibles halladas en el material incautado que fueran de su competencia. Esta omisión quedó en evidencia tras una verificación realizada en Medellín el 24 de noviembre. Los hallazgos revelaron información de extrema gravedad que no venía siendo investigada. La fiscal general ordenó medidas urgentes. La situación prendió alarmas institucionales.
Ante estos hallazgos, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para impulsar líneas de investigación relacionadas con presunta cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional, amenazas a la seguridad nacional, supuesta financiación de campañas políticas, alianzas entre actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales. La instrucción busca reorientar la investigación. Se priorizan riesgos institucionales. Las pesquisas avanzarán con mayor alcance. El caso adquiere relevancia nacional.
La fiscal especializada de Medellín compulsó copias ante la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se investigue la conducta del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos digitales examinados. La remisión busca garantizar competencia y control judicial adecuado. El caso del oficial será analizado por la instancia correspondiente. La Fiscalía recalcó la importancia de profundizar en posibles vínculos. Este paso abre una línea de investigación paralela. La decisión se tomó conforme a la ley. La revisión será exhaustiva.
La entidad recordó que su actuación debe respetar lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 (Paz Total), que establece el levantamiento de órdenes de captura para miembros acreditados de organizaciones armadas en procesos de diálogo. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-525 de 2024, precisó el alcance de estas medidas. En aplicación de dicha jurisprudencia, la fiscal general emitió la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, en la que aclaró que, incluso bajo suspensión de órdenes de captura, procede la captura en flagrancia por delitos de lesa humanidad, infracciones al derecho internacional humanitario y graves violaciones de derechos humanos. La directiva busca uniformidad en criterios. Los fiscales deben actuar conforme a estos parámetros.
La Fiscalía también advirtió que los dispositivos incautados han estado desde el inicio bajo custodia de la DIJIN y que la filtración de información contenida en ellos constituye una violación al principio de reserva de las actuaciones penales. Este hecho es motivo de preocupación institucional. La entidad reiteró la importancia de proteger la integridad de las investigaciones. La filtración podría afectar líneas de investigación sensibles. Se evaluarán responsabilidades internas. La reserva legal es esencial para la eficacia del proceso. El caso exige máxima cautela.
Finalmente, la Fiscalía recordó que, pese a los principios de unidad de gestión y jerarquía, los fiscales delegados actúan con autonomía dentro de sus competencias. En investigaciones de alto impacto, la información se maneja bajo estrictos protocolos para garantizar la seguridad de la evidencia y la efectividad de las actuaciones. La entidad reafirmó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos descubiertos en el material digital. Las nuevas líneas de investigación avanzarán bajo estricta reserva. La opinión pública será informada conforme lo permita la ley.
