Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Eduardo Cifuentes Gómez, señalado como posible responsable del homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira, crimen ocurrido el 25 de abril de 2024. La decisión se produjo tras la valoración de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación. El caso generó conmoción en Risaralda. La audiencia contó con acompañamiento del ente acusador. La medida busca garantizar el proceso.
De acuerdo con la investigación, Cifuentes Gómez se habría reunido con el sacerdote para concretar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta. Durante este encuentro, el agresor habría subido al vehículo del religioso, le habría disparado en varias oportunidades y posteriormente habría arrojado el cuerpo en una zona rural de Belalcázar (Caldas), con el fin de evitar su hallazgo. La Fiscalía señala que actuó con premeditación. Los hechos fueron reconstruidos con evidencia técnica. El episodio reveló un móvil económico. La investigación avanzó con rigor.
Las autoridades indicaron que, tras el crimen, el procesado llevó el automotor a un lavadero de carros para intentar eliminar manchas de sangre y otros rastros que lo vincularan al homicidio. Sin embargo, estas maniobras fueron detectadas durante la inspección judicial. Cuatro días después del asesinato, el 29 de abril de 2024, Cifuentes Gómez salió del país rumbo a Francia, con el propósito de evadir la acción de la justicia. La Fiscalía solicitó de inmediato una notificación roja de Interpol. La huida quedó plenamente documentada. La cooperación internacional fue decisiva.
Gracias al trabajo articulado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula de la Policía Nacional, el cuerpo del sacerdote fue localizado en septiembre de 2024, en la zona rural de Belalcázar. Los equipos de investigación lograron reconstruir la ruta del agresor y las circunstancias del hecho. La ubicación del cuerpo permitió avanzar en el esclarecimiento del homicidio. Las autoridades destacaron la labor forense y de seguimiento. La recuperación del cuerpo ayudó a consolidar la imputación. La comunidad valoró el avance del caso. El hallazgo fue fundamental.
Posteriormente, las autoridades judiciales de Francia ubicaron a Cifuentes Gómez en ese país, donde se encontraba desde su huida. Tras su captura, se inició el proceso de extradición a Colombia. A su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el señalado fue detenido por las autoridades nacionales en cumplimiento de la notificación internacional. La Fiscalía coordinó su traslado. La llegada del procesado permitió avanzar hacia la judicialización. La extradición fue autorizada tras revisar el caso. El operativo se realizó bajo estricta seguridad. La captura fue formalizada.
Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda presentó al procesado ante un juez de control de garantías e imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La imputación se sustentó en evidencia técnica, entrevistas y análisis balísticos. El juez avaló la formulación. La gravedad de los hechos sustentó la medida. La Fiscalía destacó la contundencia del expediente. La defensa escuchó los cargos.
Durante la diligencia, Cifuentes Gómez aceptó los cargos imputados en su contra, lo que permitirá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. La aceptación podría incidir en una eventual rebaja de pena, según lo previsto en la ley. La Fiscalía insistió en la importancia del esclarecimiento total de los hechos. La familia del sacerdote fue informada del avance del proceso. El caso continúa en etapa judicial. El ente acusador prepara la radicación del escrito de acusación. La confesión fue determinante. El proceso sigue en curso.
