La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena contra tres integrantes de la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc, responsables de una serie de atentados terroristas ocurridos en 2024 en el departamento del Valle del Cauca. Los procesados aceptaron su participación mediante preacuerdo y fueron sentenciados por un juez penal especializado tras comprobarse su rol en el transporte e instalación de artefactos explosivos en zonas urbanas de Jamundí.
Los condenados son Yicel Jurado Montilla, alias Vanesa; Brayan Stiven Paz Luligo, alias Masco; y Camilo Andrés Ochoa Huertas, quienes, según la investigación, actuaron por instrucción directa de alias Marlon, máximo cabecilla de la estructura. Su misión consistió en recibir y movilizar maletines de obra que contenían explosivos acondicionados para ser activados de forma remota y simultánea en diferentes puntos del municipio.
De acuerdo con la Fiscalía, los artefactos fueron ubicados en la Avenida Sachamate y en la glorieta de la vía Panamericana del barrio El Rodeo, áreas de alta afluencia vehicular y peatonal. Uno de ellos detonó y causó daños en infraestructura pública, mientras que el segundo fue hallado a tiempo por las autoridades y sometido a una detonación controlada gracias a la intervención de equipos antiexplosivos.
La investigación estuvo a cargo de fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial, quienes lograron establecer la cadena de responsabilidades y documentar los desplazamientos, comunicaciones y roles desempeñados por cada uno de los implicados. Las pruebas reunidas permitieron demostrar que los hoy condenados actuaron con plena coordinación, siguiendo órdenes de la estructura ilegal para generar zozobra en la región.
En atención a los términos pactados en los preacuerdos, el juez penal especializado impuso penas diferenciadas según el nivel de participación. Jurado Montilla y Paz Luligo deberán cumplir 10 años y 9 meses de prisión, además de pagar una multa equivalente a 4.025 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, Ochoa Huertas recibió una sentencia de 6 años de prisión y una multa de 2.025 salarios mínimos.
La sentencia también declaró a los tres como responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Estos cargos reflejan la gravedad de las acciones ejecutadas y el riesgo generado para la población de Jamundí durante los ataques.
El fallo constituye un avance significativo en el desmantelamiento de estructuras residuales que continúan ejecutando atentados con el propósito de ejercer control territorial y presionar a las comunidades. La Fiscalía destacó que los resultados fueron posibles gracias al trabajo articulado entre investigadores, peritos antiexplosivos y unidades de inteligencia que hicieron seguimiento durante meses a los movimientos de la célula terrorista.
Finalmente, el ente acusador reiteró su compromiso de llevar a juicio a todos los responsables de actos violentos que atenten contra la seguridad ciudadana y la integridad del Estado. La institución enfatizó que continuará fortaleciendo las labores investigativas en el Valle del Cauca, una región donde las disidencias mantienen presencia y buscan afectar la tranquilidad de la población mediante acciones criminales de alto impacto.
