La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Miller Leonardo Garrafa Neira, conocido con los alias de Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio; Angie Liseth Jaramillo Arias, alias La Crespa; y Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, tres presuntos integrantes del autodenominado frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc, señalados de participar en el asesinato de ocho líderes religiosos y sociales ocurrido el pasado 4 de abril en zona rural del municipio de Calamar (Guaviare).
Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios y los testimonios recopilados indican que los tres procesados habrían cumplido distintos roles en la planeación, retención y homicidio de las víctimas. De acuerdo con la investigación, Garrafa Neira, quien sería el cabecilla de la estructura armada, ordenó citar a los líderes religiosos con el pretexto de interrogarlos sobre una supuesta vinculación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo la falsa premisa de que pretendían conformar una red insurgente en la zona.
Los líderes, provenientes del departamento de Arauca, acudieron al llamado en un acto de buena fe. Sin embargo, fueron retenidos por hombres armados que los trasladaron a la zona selvática conocida como Cofre, cercana al río Itilla. Allí fueron asesinados con armas de fuego y posteriormente sepultados en una fosa común, donde sus cuerpos fueron ocultados para evitar su localización.
La Fiscalía señaló que Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, habría coordinado el componente armado que brindó seguridad a los ejecutores del crimen y se encargó de amedrentar a la población para impedir que denunciara los hechos o revelara el paradero de las víctimas. Esta estrategia buscaba mantener el control territorial del grupo disidente y sembrar temor entre los habitantes de Calamar.
De igual forma, Angie Liseth Jaramillo Arias, quien se desempeñaba como secretaria en la Personería Municipal de Calamar, fue vinculada al proceso por haber presuntamente filtrado información oficial sobre la ubicación de las víctimas y las operaciones militares en la zona, facilitando así el ataque. La investigación indica que mantenía comunicación directa con miembros del frente Armando Ríos, suministrando datos clave que comprometieron la seguridad de los líderes religiosos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los tres señalados los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo y personal, cargos que no fueron aceptados por los procesados. El caso se encuentra bajo seguimiento de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
Los cuerpos de las víctimas fueron localizados, exhumados y entregados a sus familias en julio pasado, en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este hallazgo permitió avanzar en la reconstrucción judicial de los hechos y reforzar el compromiso del Estado colombiano con la verdad, la justicia y la memoria de quienes fueron silenciados por defender su fe y su comunidad.
