La Fiscalía General de la Nación reiteró su llamado urgente por la libertad inmediata e incondicional de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados el pasado 8 de mayo por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el comunicado, se rechaza tajantemente la exigencia del grupo armado de condicionar la liberación de los servidores públicos a un canje, calificándolo como “trato de fichas de cambio”.
La Fiscalía recordó que Pacheco y López cumplen funciones de acompañamiento a víctimas, testigos e intervinientes en actuaciones penales, y que su detención interrumpe la investigación de delitos y el ejercicio de la justicia. Además, consideró inadmisible la amenaza de un “juicio revolucionario” planteado por el ELN contra los funcionarios, así como los otros casos similares dentro del mismo proceso de retención.
Agradeciendo las gestiones humanitarias lideradas por la Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, el ente acusador manifestó su seguimiento al caso y su compromiso de garantizar la integridad de sus agentes retenidos.
La detención se registró en el departamento de Arauca y es atribuida al frente oriental de Guerra del ELN, que según las autoridades la califican como secuestro extorsivo. Mientras avanza la investigación, los colectivos sindicales de la Rama Judicial han convocado movilizaciones en apoyo a los afectados y exigieron que se respete la dignidad y seguridad de quienes trabajan en la administración de justicia.
El contexto de la retención toma mayor gravedad por la ubicación geográfica y el perfil de las víctimas. Arauca es una zona de alta presencia insurgente y con antecedentes de violencia política. La Fiscalía, al mismo tiempo, denunció que el canje solicitado por el ELN no solo vulnera la función jurisdiccional sino que implica un desconocimiento al Estado de derecho y a la independencia judicial.
La petición oficial concluyó con un mensaje claro: “Liberación inmediata, sin condiciones ni intercambio”. Para el ente investigador, este caso “no es una negociación más” sino una cuestión de Estado. Las autoridades advirtieron que, de prolongarse el retardo sin avances visibles, se abrirán líneas diplomáticas y se redoblarán los mecanismos de presión internacional para asegurar la restitución de la libertad de los funcionarios.
