El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo denunció presuntas irregularidades en procesos de contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), correspondientes al Gobierno anterior. El ministro Mauricio Gómez Amín dio a conocer los hallazgos de una revisión que identificó la firma de 148 contratos por más de $125.000 millones durante los 4 días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para establecer posibles responsabilidades.
De acuerdo con la información presentada por el ministro, uno de los aspectos que llamó la atención fue la concentración de compromisos presupuestales en un periodo particularmente corto. De los más de $125.000 millones comprometidos mediante los contratos identificados, más de $100.000 millones fueron destinados en apenas 2 días. Esta concentración de recursos antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías constituye uno de los elementos que motivaron la revisión y posterior denuncia del Ministerio.
La revisión institucional identificó presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación, posibles incumplimientos de requisitos legales y eventuales inconsistencias documentales. Entre los aspectos señalados aparecen posibles falsedades relacionadas con documentos, fechas y firmas. Estos elementos fueron expuestos por el ministro como parte de los hallazgos preliminares y deberán ser examinados por las autoridades investigadoras para determinar si existieron conductas contrarias a la legislación y establecer quiénes podrían tener responsabilidad.
Mauricio Gómez Amín confirmó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, organismo que deberá evaluar los hechos y determinar las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias. La intervención de la Fiscalía permitirá examinar la documentación contractual y establecer si existen elementos que sustenten posibles conductas delictivas. Hasta el momento, el comunicado del Ministerio no identifica a personas investigadas ni informa sobre imputaciones, capturas o decisiones judiciales relacionadas con estos señalamientos.
El Ministerio también anunció que trasladará la información a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación. La primera entidad podrá examinar los aspectos relacionados con el manejo de los recursos públicos y eventuales responsabilidades fiscales, mientras que la segunda tendrá la posibilidad de evaluar las actuaciones de los servidores públicos desde el ámbito disciplinario. La intervención de estos organismos permitirá abordar los hechos desde diferentes competencias institucionales y establecer posibles consecuencias.
La denuncia se concentra en el periodo previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, normativa que establece restricciones a determinadas modalidades de contratación estatal durante los periodos electorales. En este caso, el Ministerio puso bajo observación la cantidad de contratos suscritos, los montos comprometidos y las presuntas inconsistencias detectadas en los documentos. Sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar si las actuaciones contractuales vulneraron disposiciones legales o configuraron irregularidades administrativas o penales.
El ministro Gómez Amín reiteró el compromiso del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella con la protección de los recursos públicos y la transparencia en la gestión institucional. Durante su pronunciamiento afirmó: “Y lo que encontremos, lo vamos a denunciar”. La declaración acompaña el anuncio de remitir los antecedentes a los organismos de control, con el propósito de que las situaciones identificadas sean examinadas y se determinen las responsabilidades que eventualmente correspondan conforme a la ley.
El caso abre un nuevo capítulo de revisión sobre la contratación de Fontur y el manejo de recursos destinados al sector turístico durante la administración anterior. Los 148 contratos, que superan los $125.000 millones, serán objeto de evaluación por parte de las autoridades competentes, mientras se conocen los resultados de las investigaciones. Por ahora, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades denunciadas por el Ministerio y no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad de los involucrados.
