Las Fuerzas Militares de Colombia reportaron la muerte de 4 integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Frente 33 durante una operación conjunta, coordinada e interinstitucional desarrollada el 10 de octubre de 2026, a las 22:00, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. De acuerdo con el comunicado oficial, la acción estuvo dirigida contra esta estructura armada, señalada como una facción de alias Calarcá, y dejó además 3 soldados heridos por la activación de un campo minado durante las operaciones terrestres.
Según la información entregada por las Fuerzas Militares, las labores de inteligencia permitieron identificar campamentos, un búnker y áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados. Con base en estos hallazgos, se dispuso el empleo del componente aéreo y posteriormente el ingreso de unidades terrestres para asegurar y registrar el sector. Durante estas acciones, los militares resultaron heridos al activarse un campo minado en zonas cercanas a uno de los campamentos identificados por las autoridades.
El balance oficial señala que entre los 4 integrantes muertos había 3 hombres y una mujer. El Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la mujer era una adolescente de 16 años que, según el comunicado militar, se encontraba en función continua de combate. El caso vuelve a poner sobre la mesa la utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales y los riesgos que enfrentan quienes son reclutados o instrumentalizados en escenarios de confrontación armada.
En la operación fueron incautados 10 fusiles, una ametralladora, una pistola y un revólver, además de 57 cargadores y 3.867 cartuchos de diferentes calibres. Las autoridades también reportaron el hallazgo de 2 miras ópticas, material de intendencia y 3 teléfonos celulares. Este material quedó registrado dentro del balance de la intervención militar, cuyo propósito declarado fue afectar las capacidades armadas y logísticas del Frente 33 en una zona donde operan distintas estructuras ilegales.
El registro del área permitió localizar 3 campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de la estructura armada, 3 áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados y un búnker. También fueron encontrados 5 brazaletes alusivos a las FARC. Estos hallazgos, de acuerdo con el reporte oficial, evidencian la existencia de instalaciones y elementos asociados a la actividad del grupo armado en el sector intervenido. El comunicado no precisa el destino posterior del material incautado ni ofrece información adicional sobre los procedimientos judiciales derivados de la operación.
El ministro de Defensa condenó el reclutamiento y la instrumentalización de menores de edad por parte de organizaciones armadas ilegales. “Las Fuerzas Militares condenan, una vez más, el reclutamiento e instrumentalización de menores por los grupos armados, práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el funcionario. La declaración se produjo tras conocerse que una de las personas muertas era una adolescente, según la información proporcionada por Medicina Legal.
El comunicado también relaciona la operación con la situación de seguridad que enfrentan las comunidades rurales de Tibú, donde, según las Fuerzas Militares, el Frente 33 y el ELN mantienen acciones armadas. La institución denunció ataques con drones cargados con explosivos contra viviendas y la instalación de campos minados que representan riesgos para la población civil y para los uniformados. Asimismo, indicó que los daños en viviendas de la zona habían sido documentados antes de la operación del 10 de octubre.
Las Fuerzas Militares señalaron que los objetivos fueron identificados y delimitados previamente, y que el planeamiento contempló medidas de protección para la población civil conforme a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno nacional reiteró su compromiso con la defensa del territorio y el orden constitucional, y sostuvo que continuará utilizando las capacidades legítimas del Estado dentro del marco legal. La evolución de la situación en Catatumbo mantiene la atención sobre los riesgos humanitarios y de seguridad que afrontan sus habitantes.
