El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó el 29 de octubre el Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, ante la Cámara de Representantes. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, busca reducir el gasto público y ajustar las finanzas del Estado. El texto llega tras meses de intensa discusión fiscal en el Congreso colombiano.
La meta central del proyecto es recortar el gasto en 2,2% del Producto Interno Bruto, un monto que según la fuente consultada oscila entre $40 y $45 billones. Con esa reducción, el Gobierno espera que el déficit total del país baje hasta 7,2% del PIB. La diferencia entre ambas cifras, según el resumen de la iniciativa, depende de la fuente, pues ambos montos han sido ya reportados por varios medios.
Según explicó el vicepresidente Restrepo, 7 de cada 10 pesos del ajuste saldrán de recortar el Estado, mientras el resto provendrá de nuevos impuestos. El Gobierno insiste en que 9 de cada 10 colombianos no sentirían el golpe directo de la reforma, y que el 10% de mayores ingresos aportaría el 97% de los recursos adicionales que se recauden con los nuevos cambios tributarios incluidos en el proyecto recién radicado.
Detrás del ajuste está el peso de la deuda pública, que pasó de $800 billones a más de $1.200 billones durante el gobierno anterior. Uno de cada tres pesos que hoy paga el Estado en impuestos se destina únicamente a pagar intereses de esa deuda acumulada. Esa carga financiera, según el Ejecutivo, limita hoy la capacidad real de invertir en salud, educación e infraestructura para el resto de los colombianos.
El proyecto se organiza en cinco frentes que el Gobierno llama 'rescates': fiscal, social, de salud, de inversión y de un Estado más eficiente. En ese último punto se incluyen facultades extraordinarias para el presidente, por seis meses, para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades. También contempla recortes en contratos de prestación de servicios, en nómina y en el tamaño de la administración pública, además de venta de activos.
La reforma no se limita al recorte de gasto. El articulado también modifica la renta de personas naturales, el IVA, el impuesto al patrimonio, la tributación de las empresas y los aportes del sector salud. Licores, cigarrillos, vapeadores y bebidas con edulcorantes también quedan dentro del paquete de cambios, con tarifas que en varios casos suben de forma considerable frente a las que rigen hoy en todo el territorio nacional.
El Gobierno espera que el Congreso apruebe la ley antes del 16 de diciembre, cuando cierra la actual legislatura, en un recinto descrito como reacio a asumir el costo político. Gremios como Anif han pedido que el grueso del ajuste salga de la austeridad estatal y no de impuestos nuevos, mientras Corficolombiana advierte que el tamaño tributario del proyecto duplica el promedio histórico de reformas tributarias similares aprobadas desde 1990.
La iniciativa se discutirá en el Congreso nacional durante las próximas semanas, y alrededor de ella ya circulan distintas versiones. Por eso esta nota ordena la información en seis frentes: el recorte del Estado y la regla fiscal, los cambios en renta, la reforma al IVA, lo que cambia para empresas, patrimonio y salud, y dos capítulos finales dedicados a aclarar los mitos que se han dicho sobre las medidas.
Recortar el Estado y ponerle freno al gasto: así queda la nueva regla fiscal
El primer eje del proyecto busca reducir el tamaño del Estado colombiano mediante facultades extraordinarias. Durante seis meses, el presidente De La Espriella podría suprimir, fusionar o escindir ministerios, superintendencias y agencias sin necesidad de pasar cada decisión por el Congreso. Es una de las herramientas más amplias que contempla la ley, pensada para ejecutar con rapidez los recortes que el Gobierno considera indispensables antes de que termine el actual periodo legislativo y se complique la aprobación del resto del ajuste.
Junto a esa reestructuración vienen metas concretas de ahorro. Los contratos de prestación de servicios se reducirían en 50% durante 2027, mientras los gastos de personal bajarían 20% en 2028, sin incluir a la fuerza pública en ese recorte. El proyecto también fija una meta de disminuir en 15% el tamaño general de la administración pública y habilita la venta de activos estatales que el Gobierno considera improductivos, con el fin de financiar parte del ajuste fiscal planteado para los próximos años.
El segundo gran cambio toca la regla fiscal, el mecanismo que limita cuánto puede gastar y endeudarse el Estado cada año. Hoy las metas se fijan de forma anual, con un límite de deuda de 71% del PIB y un ancla de 55%. La propuesta cambia ese esquema: cada gobierno fijaría, al inicio de su periodo, metas vinculantes para los cuatro años completos de su mandato, aunque mantendría los mismos topes de deuda y ancla fiscal ya existentes en la norma vigente.
La ley suma además frenos automáticos que no existen actualmente. Si la deuda supera el 71% del PIB, el gasto de personal no podría crecer más que la inflación más 0,5 puntos porcentuales. También se activarían topes automáticos si la llamada cuenta de control cae a menos 0,5% del PIB, un mecanismo técnico que busca frenar el gasto apenas las finanzas públicas empiecen a desviarse de la meta fijada por el propio Gobierno al inicio de cada nuevo cuatrienio presidencial.
Para vigilar el cumplimiento de estas reglas, el proyecto amplía el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que pasaría a tener siete miembros, cinco de ellos independientes del Gobierno de turno. La idea, según el Ejecutivo, es blindar técnicamente las decisiones fiscales de la presión política de cada administración. De aprobarse, las metas de cada cuatrienio y los frenos automáticos quedarían bajo la vigilancia de un comité con mayoría de miembros independientes, una figura que el Gobierno propone como garantía de disciplina para el manejo de las finanzas públicas.
Renta: quién empezaría a pagar desde $5 millones y qué alivios desaparecen
El cambio más sensible para los asalariados llega con un nuevo tramo del 9% en el impuesto de renta. Hoy, según cifras de Anif, ese gravamen empieza a cobrarse a partir de salarios cercanos a los $9 millones mensuales. La propuesta baja ese umbral hasta salarios de entre $5 y $5,5 millones, lo que amplía de forma considerable la base de trabajadores que pagarían renta por primera vez. El recaudo estimado de este único tramo nuevo ronda los $7,25 billones al año.
La tarifa máxima de renta, de 39%, también cambia su punto de entrada. Actualmente aplica a rentas gravables desde unos $1.624 millones al año, equivalentes a 31.000 UVT. Con la reforma, ese tope máximo empezaría a aplicarse desde unos $454 millones anuales, es decir, cerca de $37,8 millones mensuales, equivalentes a 8.670 UVT. Con ello, la tarifa más alta del impuesto sobre la renta de personas naturales se aplicaría desde un nivel de ingresos considerablemente menor al actual, en todo el país.
Otros beneficios tributarios también se recortan. La renta exenta laboral, hoy con un tope de $41,4 millones al año, bajaría hasta $33 millones. El límite total de deducciones y rentas exentas, que hoy llega a $70,2 millones anuales, se reduciría a $61,8 millones con la nueva norma. Ambos cambios apuntan en la misma dirección: reducir el monto de ingresos que los contribuyentes pueden restar antes de calcular cuánto impuesto de renta deben pagarle al Estado colombiano cada año fiscal que inicia.
La deducción por dependientes, que hoy permite descontar cerca de $3,8 millones al año por cada persona a cargo, desaparecería por completo bajo la nueva ley. Según el resumen, esta eliminación le representaría al fisco unos $1,61 billones, uno de los ingresos que aportarían al ajuste planteado por el Gobierno. Se suma a la rebaja de los topes de renta exenta laboral y de deducciones, que reducen lo que puede restarse antes de calcular el impuesto de renta cada año.
El paquete de renta también sube el impuesto sobre loterías, rifas y apuestas, que pasaría de 20% a 30%. El punto más comentado es el nuevo tramo del 9%, que empezaría a cobrarse en salarios de entre $5 y $5,5 millones mensuales, frente a los cerca de $9 millones desde los que se paga hoy. El Gobierno sostiene que 9 de cada 10 colombianos no se verían afectados y que el 10% de mayores ingresos aportaría el 97% de los recursos.
IVA al 19%: qué se encarece, qué sigue sin impuesto y quién recibe devolución
Los cambios en IVA entrarían a regir el 1 de enero de 2028, al mismo tiempo que un nuevo mecanismo de devolución llamado EfectIVA. Hoy existe una tarifa reducida de 5%, además de bienes exentos y excluidos que no pagan el impuesto. Con la reforma, la mayoría de productos que hoy están en ese 5% pasarían directamente al 19%, la tarifa general del IVA en Colombia, lo que representa un salto considerable en el costo final que pagaría el consumidor final.
Entre los productos que subirían al 19% están las conservas, salsas y condimentos, las galletas y cereales, los embutidos no básicos como jamón, tocineta y salchichas, el atún y las sardinas enlatadas, la confitería, los vehículos híbridos y eléctricos, y servicios de software, hosting y nube. La lista incluye artículos de consumo diario en muchos hogares, un cambio que el Gobierno compensaría con la devolución EfectIVA para los hogares de menores ingresos, que se explica a continuación en este mismo capítulo.
No todo cambia. La canasta básica se mantendría sin IVA: arroz, pan, arepa, carnes frescas, huevos, leche, papa, granos y agua seguirían exentos, al igual que medicamentos, educación, arriendo de vivienda, servicios públicos y transporte público. El proyecto también contempla casos especiales, como el salchichón, la butifarra y la mortadela, que pasarían del 5% a exentos, mientras el ACPM, la medicina prepagada y la madera pasarían del 5% a la categoría de excluidos del impuesto a partir de enero de 2028.
Para compensar el impacto en los hogares más vulnerables, la ley crea la devolución EfectIVA. Los deciles 1 a 3 de ingresos recibirían de vuelta el 100% del IVA pagado, mientras los deciles 4, 5 y 6 recibirían 50%, 40% y 30%, respectivamente, con un tope de unos $288.000 por persona al mes. El Gobierno calcula que cerca de 19 millones de personas se beneficiarían, con un promedio de $213.000 mensuales por hogar en devoluciones, una ayuda con la que el Gobierno busca compensar el efecto del IVA en los hogares de menores ingresos.
El resumen oficial advierte que las cifras de beneficiarios varían según cómo se cuenten: 19 millones si se habla de devolución total, o 35,5 millones si se suman también quienes recibirían devoluciones parciales. Con ese mecanismo, el Gobierno busca que el nuevo IVA no recaiga sobre los hogares de menores ingresos, mientras la canasta básica, los medicamentos, la educación, el arriendo, los servicios públicos y el transporte público se mantienen sin IVA, tal como ocurre hoy, y el nuevo esquema empezaría a regir desde el 1 de enero de 2028.
Empresas, patrimonio y salud: quién gana, quién aporta más y desde cuándo
Las empresas también sentirían el ajuste. La tarifa de renta corporativa, hoy en 35%, bajaría a 33% en 2027 y a 31% desde 2028, una reducción gradual que el Gobierno presenta como un incentivo a la inversión privada. El sector financiero, que incluye bancos, aseguradoras y comisionistas de bolsa, tiene hoy una sobretasa que lleva su tarifa efectiva a 40%; con la reforma bajaría a 38% en 2027 y a 36% entre 2028 y 2030, una rebaja de 2 y 4 puntos, respectivamente.
El proyecto crea además un Régimen de Estabilidad, conocido como RUGE, que hoy no existe en la legislación colombiana. Bajo este esquema, las empresas que se acojan podrían fijar por 16 años una renta de 20% o 26%, dividendos al 8% y exención del impuesto al patrimonio. Según el proyecto, es una herramienta pensada para dar estabilidad tributaria a quienes inviertan a largo plazo en el país durante más de una década, con reglas claras y definidas desde el comienzo.
Los aportes que pagan los empleadores también cambian de umbral. Hoy, quienes ganan menos de $17,5 millones mensuales, unos 10 salarios mínimos, están exonerados del pago de salud y de aportes al SENA y al ICBF. La propuesta recorta ese beneficio: la exención total solo aplicaría hasta $3,5 millones, dos salarios mínimos. Entre $3,5 y $5,25 millones se pagaría un 4% de salud y 1% de parafiscales sobre esos salarios, y por encima de esa cifra el pago sería completo.
El impuesto al patrimonio, hoy permanente y vigente desde unos $3.771 millones con tarifas de 0,5% a 1,5%, cambiaría de naturaleza. La propuesta lo deja solo entre 2027 y 2030, con desaparición total desde 2031, y sube el umbral de cobro a unos $5.002 millones: 0,5% hasta $7.620 millones y 1% por encima de esa cifra. Se suma además una normalización tributaria para 2027, con 15% sobre activos omitidos o pasivos inexistentes y 5%, por única vez, sobre criptoactivos no declarados.
En salud, la cotización del trabajador asalariado, hoy fija en 4%, subiría de forma gradual según el ingreso: 4% hasta $3,5 millones, 5,5% entre $3,5 y $7 millones, 6% entre $7 y $8,75 millones, y hasta 8% entre $35 y $43,8 millones. Los independientes pasarían de 12,5% a una tarifa de hasta 15,5%. El Gobierno destinaría $30 billones adicionales a salud durante el cuatrienio, financiados en parte con el nuevo recaudo proveniente de cigarrillos y otros productos derivados del tabaco.
Mitos sobre los impuestos: lo que el proyecto sí dice sobre IVA, renta y patrimonio
Uno de los mitos más repetidos es que la reforma subirá el IVA a la comida de todos los días. El texto dice otra cosa: arroz, pan, arepa, carnes frescas, huevos, leche, papa, granos y agua seguirían sin IVA, como hoy. Tampoco se gravarían los medicamentos, la educación, el arriendo de vivienda, los servicios públicos ni el transporte público. Lo que pasaría al 19% son productos como conservas, galletas, cereales, atún enlatado, confitería y algunos embutidos, además de software y vehículos híbridos y eléctricos. Y todo eso, desde el 1 de enero de 2028.
Otro mito es que los hogares más pobres quedarán desprotegidos frente al IVA. El proyecto incluye la devolución EfectIVA, que hoy no existe: los deciles 1 a 3 recuperarían el 100% del IVA que paguen, y los deciles 4, 5 y 6 recibirían 50%, 40% y 30%. El tope es de unos $288.000 por persona al mes y el Gobierno calcula que alcanzaría a unos 19 millones de personas, con un promedio de $213.000 mensuales por hogar. La cifra varía según la fuente, pues hay quienes llegan a 35,5 millones al contar devoluciones parciales.
También se ha dicho que todos los colombianos pagarán más renta. No es lo que dice el proyecto. El nuevo tramo del 9% empezaría en salarios de entre $5 y $5,5 millones mensuales, mientras hoy el gravamen arranca cerca de los $9 millones según Anif, y la tarifa máxima de 39% se aplicaría desde unos $37,8 millones al mes. El Gobierno sostiene que 9 de cada 10 colombianos no se verían afectados y que el 10% de mayores ingresos aportaría el 97% de los recursos que se recauden.
Hay quienes aseguran que el impuesto al patrimonio quedará para siempre y que lo pagará mucha más gente. La propuesta dice lo contrario: se cobraría solo entre 2027 y 2030 y desaparecería desde 2031, y el umbral sube de unos $3.771 millones a unos $5.002 millones, con tarifa de 0,5% hasta unos $7.620 millones y 1% por encima. Es decir, quedarían por fuera patrimonios que hoy sí pagan. Lo que sí se crea es una normalización tributaria que aplicaría solo en 2027, para activos omitidos y criptoactivos no declarados.
Otra idea que se repite es que las empresas quedarían más cargadas y que la inversión se resentiría. Frente a eso, el texto baja la renta corporativa de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028, y reduce la tarifa del sector financiero de 40% a 38% y luego a 36%. Crea además el régimen de estabilidad RUGE, que por 16 años fija renta de 20% o 26%, dividendos al 8% y exención del impuesto al patrimonio. Donde sí se pide más es en los aportes de empleadores por salarios superiores a unos $3,5 millones, un matiz que conviene decir completo.
Mitos sobre el gasto, la salud y el trámite: lo que dice y no dice la ley
Otro mito es que esta reforma solo busca recaudar más impuestos y no toca al Estado. Según el vicepresidente Restrepo, 7 de cada 10 pesos del ajuste saldrían de recortar el Estado y el resto de impuestos. El proyecto pide facultades por seis meses para suprimir, fusionar o escindir entidades, reduce 50% los contratos de prestación de servicios en 2027, baja 20% los gastos de personal en 2028 sin incluir la fuerza pública y apunta a achicar 15% la administración pública, además de vender activos improductivos.
También se dice que la salud la financiarían los trabajadores con salarios bajos. La cotización del asalariado hoy es de 4% fijo; con el proyecto seguiría en 4% hasta unos $3,5 millones y subiría de forma escalonada a 5,5%, 6% y hasta 8%, que se alcanzaría solo en ingresos de unos $35 a $43,8 millones mensuales. Los independientes pasarían de 12,5% a hasta 15,5%. A cambio, el Gobierno destinaría $30 billones adicionales al sistema durante el cuatrienio, y el recaudo adicional del tabaco iría al aseguramiento en salud.
Un tercer mito es que el impuesto a licores, cigarrillos y bebidas es un castigo sin sentido. El texto es concreto: los licores pasarían de IVA de 5% a 19%, más 35% ad valorem y $1.000 por grado de alcohol por litro; la cerveza tendría 10% ad valorem más $1.000 por grado; el cigarrillo, $7.823 por cajetilla en 2027 y $11.200 en 2028. Los vapeadores quedarían gravados de forma expresa, y las bebidas con edulcorantes pagarían $45 por cada 100 ml desde 2028, con un recaudo calculado en unos $1,8 billones.
También circula que la ley ya está aprobada y que empieza a regir de inmediato. Ninguna de las dos cosas es cierta. El proyecto fue radicado el 29 de octubre y el Gobierno espera su aprobación antes del 16 de diciembre, cuando cierra la legislatura, en un Congreso que el propio resumen describe como reacio a asumir el costo político. Los cambios en IVA, junto con la devolución EfectIVA, entrarían a regir solo el 1 de enero de 2028, mientras varios recortes de gasto se escalonan entre 2027 y 2028.
Hay, además, cifras que cambian según la fuente: el recorte se reporta en $40 o $45 billones y el articulado en 105 o 106 artículos. Son simples diferencias de conteo, no contradicciones del proyecto. Despejadas esas dudas, la discusión de fondo queda en manos del Congreso, que deberá decidir cuánto del ajuste sale del gasto y cuánto de los impuestos. Tener claro qué dice realmente el texto ayuda a que ese debate se dé con datos y no con rumores.
