El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela relacionada con el retiro de más de 30 piezas de las exposiciones del Museo Nacional de Colombia y ordenó medidas provisionales para protegerlas. La decisión, conocida este lunes 19 de octubre, busca impedir que los objetos sean destruidos, alterados, trasladados fuera del museo o devueltos a terceros mientras el despacho estudia el fondo del caso.
La tutela fue presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, junto con los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa, según reportes periodísticos. La acción cuestiona el retiro de objetos de varias salas, en medio de la controversia por la intervención gubernamental en la museografía. La admisión del recurso no significa que el juzgado haya fallado definitivamente sobre la legalidad de la decisión adoptada por el Ministerio de las Culturas.
En la medida provisional, el juzgado ordenó conservar todas las piezas retiradas en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación. También dispuso que el museo se abstenga de destruirlas, alterarlas, darlas de baja, devolverlas a terceros o sacarlas de sus instalaciones mientras se resuelve la tutela. La providencia busca preservar los objetos y evitar cambios irreversibles antes de que exista una decisión judicial definitiva sobre las actuaciones cuestionadas.
La orden también establece que no podrán retirarse, desmontarse ni intervenirse nuevas piezas por razón de su contenido sin que existan actos administrativos que justifiquen esas decisiones. El juzgado incluyó el microperforado retirado del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz y pidió preservar los documentos asociados al procedimiento, entre ellos inventarios, registros de movimiento, guiones museográficos, actas, correos y comunicaciones institucionales relacionados con las intervenciones realizadas.
Además, el Museo Nacional deberá entregar al despacho, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, un informe detallado con el listado completo de las piezas retiradas, su ubicación actual, estado de conservación y la autoridad o dependencia que dispuso cada retiro. El requerimiento busca establecer la trazabilidad de los objetos y documentar quién tomó las decisiones administrativas que condujeron a su salida de las salas de exposición.
La controversia comenzó después de que fueran retirados objetos vinculados con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, la violencia política, el proceso de paz de 2016 y la historia constitucional. Entre las piezas reportadas figuran una bandera del orgullo, afiches de las campañas de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, el tarjetón de la Séptima Papeleta y el llamado Balígrafo, elaborado con un casquillo de bala.
El Gobierno ha defendido la revisión de contenidos museográficos. La ministra de las Culturas, Paola Holguín, sostuvo que los museos no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento ni difundir versiones sesgadas de la historia, y afirmó que se revisarán la museología y la curaduría. En contraste, especialistas, colectivos y entidades culturales han pedido transparencia, participación de expertos y garantías para representar distintas memorias de la sociedad colombiana.
Por ahora, la decisión judicial constituye una medida provisional y no ordena expresamente reinstalar las piezas en las salas. Su alcance inmediato es conservarlas, impedir nuevas intervenciones sin sustento administrativo y exigir información documentada, mientras el juzgado analiza la tutela. El caso abre una discusión sobre los límites de la intervención gubernamental en las exposiciones públicas, la autonomía curatorial y la obligación de proteger el patrimonio cultural y la pluralidad de la memoria histórica.
