El Gobierno Nacional derogó las 15 resoluciones que delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva, mediante la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. La decisión levanta delimitaciones que abarcaban más de 5,3 millones de hectáreas en 11 departamentos y el litoral Pacífico. Según la cartera, la medida busca brindar mayor certidumbre a mineros, empresas y comunidades vinculadas con la actividad minera legal.
Los distritos comprendían 5.340.192 hectáreas, equivalentes a cerca del 5 % del territorio nacional, con presencia en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, además del litoral Pacífico. De acuerdo con el Ministerio, 14 de las 15 delimitaciones fueron declaradas durante 2026. La derogatoria busca modificar el marco territorial de este instrumento, que había generado inquietudes sobre el futuro de proyectos y actividades mineras.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda Arango, defendió la minería como parte de la agenda de reactivación económica y destacó su potencial para aportar minerales estratégicos a la transición energética mundial. Según la funcionaria, la política debe acompañar a los mineros formales, apoyar la formalización y combatir la extracción ilícita. También sostuvo que la diversificación productiva debe ampliar las oportunidades económicas de las regiones sin desconocer las actividades que actualmente sostienen a miles de familias.
Entre las razones expuestas para derogar las delimitaciones, el Ministerio señaló que, después de más de 2 años desde la primera declaratoria, no existían resultados verificables en diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización o mejora de la calidad de vida en las zonas involucradas. La entidad agregó que los planes estratégicos de gestión no terminaron de formularse ni adoptarse, lo que, según su evaluación, limitó la implementación del instrumento y el cumplimiento de sus objetivos iniciales.
Otro cuestionamiento estuvo relacionado con la posibilidad de promover una sustitución progresiva de la minería sin contar previamente con alternativas productivas financiables y viables. El Ministerio advirtió que ese enfoque podía tener consecuencias sobre el empleo, las regalías y el derecho al trabajo de las comunidades. También señaló que las resoluciones no definían claramente su vigencia, extensión máxima ni reglas de transición, lo que habría generado incertidumbre para los proyectos dentro y fuera de las áreas delimitadas.
La cartera sostuvo además que las delimitaciones no se armonizaron adecuadamente con los planes de ordenamiento territorial ni se concertaron con gobernaciones y alcaldías. Esa situación habría generado superposiciones y confusión sobre las reglas aplicables en algunos territorios. Con la derogatoria, el Gobierno plantea que las decisiones que tengan impacto territorial se construyan con participación de autoridades locales y regionales, buscando una mayor articulación entre la minería y las demás actividades económicas presentes en cada municipio.
El Ministerio afirmó que los títulos mineros vigentes y las solicitudes en trámite no se verán afectados y continuarán sujetos al Código de Minas. También precisó que se mantienen los derechos adquiridos, los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales y los acuerdos válidamente celebrados. En particular, los compromisos derivados de procesos de participación y consulta previa en el Bajo Cauca antioqueño y el Norte del Cauca conservarán su fundamento jurídico y no serán eliminados por esta decisión.
Entre los beneficios que el Gobierno espera de la medida se encuentran reactivar la exploración, ampliar el conocimiento geológico y fortalecer la generación de regalías para financiar inversiones regionales en salud, educación, vías y agua. La administración también plantea integrar la minería legal con sectores como la agricultura, el turismo, el comercio y la industria. El Ministerio trabajará con las regiones mineras durante la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con el propósito de articular la actividad extractiva con las vocaciones productivas territoriales.
