La Policía Nacional capturó por orden judicial a un hombre de 38 años señalado de presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad en una finca turística del municipio de Villeta, Cundinamarca. El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, luego de que el investigado regresara al municipio. Según el boletín policial del 22 de octubre de 2026, el detenido se desempeñaba como administrador de establecimientos turísticos.
El hombre fue identificado por las autoridades como Santiago García Sotomayor y era requerido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villeta por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. La captura se produjo en cumplimiento de una orden judicial dentro de la investigación por hechos que habrían ocurrido en enero de 2026. La Policía indicó que el caso se originó a partir de la denuncia presentada por el padre de la menor.
De acuerdo con la investigación, el señalado habría aprovechado su posición como administrador de fincas turísticas para ganarse la confianza de las familias y acercarse a menores de edad. Presuntamente, les ofrecía bebidas embriagantes antes de cometer los abusos investigados. Estas circunstancias forman parte de las hipótesis que manejan las autoridades dentro del proceso judicial y deberán ser examinadas por la justicia durante las etapas correspondientes.
Los hechos investigados habrían ocurrido cuando una adolescente de 14 años se encontraba en una finca del municipio. Según el reporte oficial, la menor logró escapar y contó de inmediato a su familia lo sucedido. Posteriormente, su padre presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió activar las actuaciones investigativas para identificar al presunto responsable y avanzar en el proceso que culminó con la orden de captura.
Meses después de los hechos denunciados, el hombre regresó a Villeta y fue localizado por integrantes de la Policía de Cundinamarca. La captura permitió ponerlo a disposición de las autoridades judiciales para responder por los señalamientos. El caso destaca la importancia de que las familias y las comunidades reporten oportunamente cualquier situación que pueda comprometer la integridad de niños, niñas y adolescentes, especialmente en espacios turísticos donde deben existir condiciones adecuadas de protección.
Tras su captura, el procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Según la información divulgada por la Policía, si es declarado culpable podría enfrentar una pena de entre 12 y 20 años de prisión. La responsabilidad penal deberá establecerse mediante las actuaciones judiciales, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia del investigado.
La Policía Nacional reiteró que continuará adelantando acciones para prevenir y perseguir los delitos que afectan a menores de edad en Cundinamarca. La institución hizo un llamado a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y a denunciar cualquier conducta que represente un riesgo para su seguridad. Las autoridades también destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para aportar información que permita investigar hechos de violencia sexual y facilitar la actuación oportuna de los organismos competentes.
El caso permanece en manos de la justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas recaudadas y de las actuaciones del proceso. Mientras tanto, la medida de aseguramiento busca garantizar la disponibilidad del investigado ante las autoridades judiciales durante el desarrollo del procedimiento. La Policía de Cundinamarca insistió en que la protección de menores requiere atención institucional, acompañamiento familiar y denuncia oportuna ante cualquier señal de riesgo o vulneración de sus derechos.
