Julio César González Quiceno, conocido como «Matador», ha convertido su confrontación política en un espectáculo de descalificación que merece un rechazo contundente. Su reciente ataque contra la Orimera Dama de la Nación Ana Lucía Pineda, al llamarla «ratica» y ridiculizar su apariencia física, retrata el empobrecimiento de una crítica que pretende presentarse como humor. El asunto es tan serio que la Fiscalía abrió una indagación por presunta injuria agravada, dentro de una actuación relacionada con posible violencia contra la mujer. Aquí no se discute el derecho a cuestionar al poder: se cuestiona la bajeza de utilizar la humillación como argumento.
Alias «Matador» parece confundir la libertad de expresión con una licencia para degradar a las mujeres que representan una corriente política contraria a la suya. Cuestionar la administración de las ayudas para los damnificados de Pereira es legítimo; exigir transparencia y resultados es indispensable, pero si tiene preguntas sobre las donaciones, debe presentar hechos, exigir documentos y reclamar respuestas. ¿Qué aporta llamar «ratica» a una mujer?, ¿Qué esclarece burlarse de su cuerpo?, nada. Ese lenguaje no fiscaliza, no investiga y no fortalece la democracia, es una forma de hostigamiento verbal que merece ser examinada sin privilegios ideológicos ni excusas artísticas.
Lo verdaderamente revelador es que este episodio no aparece aislado del debate que desde hace meses rodea las publicaciones de alias «Matador» contra dirigentes políticas. María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia han sido objeto de ataques y representaciones que han suscitado fuertes cuestionamientos por sus referencias al aspecto físico. La crítica política debe ser implacable con las ideas, pero no necesita convertir el cuerpo de una mujer en munición electoral. Quien presume de defender derechos y combatir la discriminación tendría que ser el primero en entenderlo, de lo contrario, su discurso pierde autoridad y queda expuesto como una herramienta de conveniencia partidista.
El caso de Paloma Valencia reviste especial gravedad institucional. El 13 de mayo de 2026, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra alias «Matador» y el Pacto Histórico por presunta violencia política contra la candidata presidencial, la actuación estuvo relacionada con publicaciones que hacían referencia a su aspecto físico, y el organismo ordenó retirar determinadas publicaciones. Se trata de un procedimiento que debe respetar la presunción de inocencia, pero que obliga a una pregunta incómoda: ¿cómo puede alguien presentarse como defensor de las causas sociales mientras enfrenta una actuación institucional por presuntas conductas de violencia política contra una mujer y a su vez tiene acusaciones de maltrato a su mujer?, La respuesta exige explicaciones, no burlas adicionales.
María Fernanda Cabal y Paola Holguín también tienen derecho a que sus ideas sean controvertidas sin convertirse en blanco de ataques degradantes, se puede estar en desacuerdo con sus posiciones, cuestionar sus propuestas, denunciar sus errores y confrontarlas con argumentos contundentes, nadie está obligado a compartir sus ideas para reconocer su dignidad. El problema aparece cuando la discusión deja de centrarse en sus decisiones y se desplaza hacia la apariencia, la ridiculización o la descalificación personal, esa práctica no es valentía política: es una manera fácil de obtener atención sin asumir el esfuerzo de construir una crítica seria. La misoginia no cambia de naturaleza porque la víctima sea de derecha, de hecho a mi juicio personal es una práctica de un poco hombre por no decir la palabra correcta y herir susceptibilidades.
Pero hay una pregunta todavía más incómoda: ¿dónde estuvo la misma severidad de alias «Matador» frente a Verónica Alcocer? la ex primera dama estuvo rodeada de controversias públicas durante el gobierno de Gustavo Petro, incluidas preguntas sobre su protagonismo político y su influencia en el entorno presidencial. Si el caricaturista considera que las mujeres cercanas al poder deben responder por sus actuaciones, ese estándar debe aplicarse sin distinciones, no se trata de exigir que ataque a Verónica Alcocer ni de convertirla en otro blanco de insultos, se trata de reclamar coherencia: si la fiscalización es un principio, debe operar también frente a las figuras vinculadas al sector político con el que simpatiza. El silencio selectivo merece preguntas.
La defensa de las mujeres no puede ser una consigna que se activa exclusivamente cuando conviene atacar al adversario. No puede condenarse la discriminación en un escenario y justificarla en otro porque la persona agredida milita en una corriente política diferente. Ese doble rasero constituye el núcleo del problema: la dignidad de una mujer no depende de si es progresista, conservadora, opositora, oficialista, candidata o primera dama, quien utiliza el discurso de los derechos para ganar autoridad moral tiene la obligación de aplicarlo también cuando resulta incómodo, de lo contrario, no está defendiendo un principio universal, sino administrando una superioridad moral de uso partidista.
También es necesario distinguir entre las denuncias que circulan sobre la vida personal de alias «Matador» y los hechos que hayan sido acreditados por las autoridades, no corresponde presentar acusaciones como condenas ni reemplazar la justicia por rumores, sin embargo, la discusión sobre el trato hacia las mujeres sí exige examinar con rigor sus expresiones públicas y las consecuencias de sus actuaciones. En el caso de Ana Lucía Pineda, la publicación está a la vista y la Fiscalía ya abrió una indagación. La responsabilidad de responder por las propias palabras no desaparece detrás de una caricatura, de una cuenta popular ni de la militancia política. La coherencia comienza por asumir el peso de lo que se publica.
Hay una diferencia abismal entre un caricaturista que incomoda al poder mediante la inteligencia y uno que busca humillar a una mujer para conseguir aplausos de su propia audiencia. El primero desnuda contradicciones, expone abusos y pone argumentos en circulación; el segundo corre el riesgo de convertir la ofensa en sustituto del pensamiento. Alias «Matador» tiene derecho a criticar al Gobierno, cuestionar a la Primera Dama y denunciar cualquier irregularidad relacionada con las ayudas a los damnificados, pero lo que no puede reclamar es inmunidad frente al escrutinio de sus métodos. La libertad de expresión protege la crítica, pero no obliga a celebrar la degradación personal como si fuera una virtud democrática.
Colombia no necesita más matoneo político disfrazado de sátira ni discursos sobre igualdad que se derrumban cuando el adversario es una mujer de derecha. El payaso de alias «Matador» debe explicar por qué recurre a la humillación física cuando podría cuestionar decisiones, presentar pruebas y formular preguntas legítimas. También debe responder por la coherencia de sus criterios frente a Ana Lucía Pineda, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Verónica Alcocer. La exigencia es sencilla: el mismo rasero para todas. Porque la misoginia no se vuelve ingeniosa por estar dibujada, ni la doble moral se convierte en periodismo por publicarse en redes sociales. Quien pretende ridiculizar a los demás desde una supuesta superioridad moral debe empezar por demostrar que sus principios valen más que sus prejuicios.
Columna de. Juan Pablo Castillo
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