El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso por posible incumplimiento contractual contra Sencia, concesionario del estadio Nemesio Camacho El Campín, debido al estado de la grama. El pronunciamiento se produjo tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, programado por la Liga BetPlay, luego de que las condiciones del terreno impidieran disputar el encuentro con normalidad. La situación reabrió el debate sobre el mantenimiento del principal escenario futbolístico de la capital.
A través de su cuenta en la red social X, Galán calificó como “inaceptables” las condiciones del césped y pidió revisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario. El mandatario insistió en que Sencia debe mantener la cancha en condiciones óptimas para garantizar la realización de los partidos de fútbol y advirtió que la administración distrital no aceptará nuevas justificaciones frente a una responsabilidad que considera contractual. Su solicitud apunta a que el IDRD determine si existen elementos para iniciar actuaciones formales.
La cancelación del compromiso entre Millonarios y Once Caldas puso nuevamente la cancha de El Campín en el centro de la controversia. El estado del terreno obligó a suspender la programación deportiva y generó cuestionamientos sobre las condiciones técnicas del escenario. La situación afecta no solo a los equipos y sus jugadores, sino también a los aficionados que tenían previsto asistir al encuentro y a la organización del campeonato, cuya programación depende de que los estadios cumplan con los requisitos necesarios para disputar los partidos.
Las dificultades con la grama ya habían motivado actuaciones del IDRD durante 2026. En febrero, la entidad informó sobre requerimientos técnicos dirigidos a Sencia para mejorar las condiciones del terreno, después de una evaluación que identificó deterioro frente al estado en que había sido entregada la cancha en octubre de 2024. En ese momento, el Instituto anunció seguimiento mediante la interventoría y solicitó medidas correctivas para recuperar la superficie y garantizar que pudiera utilizarse en actividades deportivas.
En respuesta a los requerimientos, Sencia presentó un plan de choque para rehabilitar la cancha y señaló que trabajaría en la recuperación del césped. Entre los aspectos técnicos relevantes para el mantenimiento de una superficie deportiva están el drenaje, la resistencia de la grama y su capacidad para soportar la exigencia de los partidos. La empresa también había explicado que el proceso de hibridación del césped tomó más tiempo del previsto y mencionó las condiciones climáticas como uno de los factores que dificultaron su recuperación.
La discusión incluye además la convivencia entre el calendario futbolístico y la realización de conciertos y espectáculos masivos en El Campín. La cancha debe recuperarse después de estos eventos para responder a las exigencias de los encuentros profesionales, lo que demanda coordinación en la programación y el mantenimiento del terreno. En los días previos a la controversia, Sencia había señalado que la grama estaría en condiciones para el partido después de los conciertos de BTS; sin embargo, el encuentro terminó cancelado por el estado del campo.
La petición del alcalde no significa que el concesionario haya sido declarado responsable de un incumplimiento ni que exista una sanción impuesta. Corresponderá al IDRD examinar las obligaciones establecidas en el contrato, los informes técnicos, las medidas aplicadas por Sencia y los resultados de las labores de mantenimiento. Con esos elementos, la entidad deberá determinar si procede iniciar un proceso formal y cuáles serían las consecuencias contractuales aplicables, respetando las etapas y garantías previstas para este tipo de actuaciones.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la administración de El Campín y las condiciones exigidas para que el estadio cumpla su función deportiva. La prioridad será establecer qué originó el deterioro de la grama, evaluar la eficacia de las medidas correctivas y determinar si se cumplieron las obligaciones de mantenimiento. Mientras avanzan las actuaciones institucionales, la controversia plantea un desafío para la operación del escenario: compatibilizar su uso para espectáculos con la necesidad de garantizar una cancha apta para el fútbol profesional.
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