La plenaria del Senado negó la moción de censura promovida contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, con 65 votos por el No y 17 por el Sí, según el resultado registrado en la votación del 23 de septiembre de 2026. La decisión se produjo después de los debates adelantados en el Congreso alrededor de las operaciones militares contra estructuras armadas ilegales y los cuestionamientos surgidos por la muerte de menores de edad durante una operación realizada en Guaviare.
La moción había sido impulsada por sectores de oposición a raíz de los cuestionamientos sobre la operación militar del 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare. En ese procedimiento murieron integrantes de una estructura armada vinculada por las autoridades con alias Calarcá y posteriormente se confirmó que entre los fallecidos había menores de edad. Los promotores de la iniciativa cuestionaron la planeación del operativo, la información disponible sobre la presencia de menores y las decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa.
El Senado había realizado previamente el debate correspondiente, en el que Mora defendió la actuación de las Fuerzas Militares y sostuvo que el operativo cuestionado no fue improvisado. El ministro explicó que las operaciones se desarrollan con información de inteligencia y bajo los procedimientos establecidos para este tipo de acciones. También defendió la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y sostuvo que la Fuerza Pública debe mantener su capacidad operacional frente a las estructuras armadas ilegales.
Durante las discusiones, los sectores que respaldaron la moción plantearon interrogantes sobre la protección de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados. Entre los puntos examinados estuvo la información que tenían las autoridades antes de las operaciones y la manera en que debía aplicarse el Derecho Internacional Humanitario cuando existiera presencia de menores. La Cámara de Representantes también realizó el 22 de septiembre un debate de moción de censura contra Mora por los mismos hechos, en una sesión que se extendió durante más de 4 horas.
Por su parte, el ministro sostuvo durante sus intervenciones que los menores reclutados por estructuras armadas mantienen su condición de víctimas y que las operaciones de la Fuerza Pública no tienen como objetivo atacar a una persona por el hecho de ser menor de edad. En el balance presentado ante el Congreso, Mora reportó resultados operacionales correspondientes a sus primeros 45 días de gestión, entre ellos 28 cabecillas afectados, 43 menores recuperados, 25 personas secuestradas liberadas y 95 toneladas de cocaína incautadas.
La discusión también llegó a la Cámara de Representantes, donde el ministro compareció el 22 de septiembre para responder por los mismos cuestionamientos. La corporación registró que el debate estuvo relacionado con la presunta responsabilidad política por la muerte de tres menores durante una operación contra disidencias. En esa sesión, representantes de oposición formularon cuestionamientos sobre la actuación militar, mientras Mora defendió la legalidad y planeación de las operaciones realizadas por la Fuerza Pública.
Con la votación de 65 votos por el No frente a 17 por el Sí, la moción de censura no obtuvo los votos necesarios en el Senado para prosperar. El resultado permite que Mora continúe al frente del Ministerio de Defensa, mientras la Cámara de Representantes mantiene pendiente el trámite relacionado con la moción presentada ante esa corporación. Según los reportes disponibles, si la iniciativa es negada en el Senado, no tendría efectos en la Cámara dentro del mismo procedimiento.
La votación cierra una de las etapas del control político promovido contra el ministro, pero los cuestionamientos sobre las operaciones militares y la presencia de menores reclutados en estructuras armadas continúan dentro del debate público e institucional. El resultado registrado muestra la posición adoptada por la plenaria del Senado frente a la moción, mientras el Ministerio de Defensa mantiene su defensa de las operaciones bajo las normas aplicables y los sectores críticos continúan planteando interrogantes sobre la protección de menores y la actuación de la Fuerza Pública.
