La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de 5 personas señaladas de integrar una red delincuencial que habría infiltrado depósitos militares para extraer y comercializar municiones, armas y otros elementos de uso exclusivo de la Fuerza Pública. Las detenciones se realizaron en Armenia, Ibagué, Florencia, Villavicencio y Bogotá, durante una operación coordinada por la Fiscalía, el CTI, la Policía Nacional y el Ejército. Entre los capturados hay 3 suboficiales, uno activo y 2 en retiro, además de 2 civiles.
Según la investigación, la organización habría contactado a funcionarios encargados del almacenamiento de armamento en diferentes guarniciones militares para ofrecerles dinero y otros beneficios a cambio de alterar registros, realizar legalizaciones fraudulentas y facilitar la extracción de armas, municiones y componentes. Posteriormente, estos elementos serían comercializados a grupos armados ilegales. La Fiscalía señaló que hasta ahora fueron documentados hechos relacionados con esta modalidad en instalaciones militares de Ibagué, Tolima, y Santa Marta, Magdalena.
En el caso registrado en Ibagué, la investigación estableció que un uniformado habría sido contactado en 4 oportunidades para facilitar la entrega de cartuchos. La promesa de pago oscilaba entre $4.000 y $6.000 por cada unidad entregada. De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, entre 2025 y 2026 la cantidad solicitada habría superado los 4.000 cartuchos. Los hechos estarían relacionados con el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, donde se habrían utilizado mecanismos para alterar los controles establecidos sobre el material almacenado.
En Santa Marta, la investigación se concentra en la presunta participación de un sargento viceprimero que desempeñaba funciones como almacenista de armamento. Según la Fiscalía, el uniformado habría avalado el retiro de 22.126 cartuchos calibre 5.56 milímetros el 11 de septiembre de 2025. El material, cuyo valor fue estimado en más de $61 millones, habría sido entregado a personas vinculadas con la red para posteriormente ser comercializado a contactos establecidos por Óscar Roberto Cediel Hoyos, alias Sargento García, según la investigación adelantada por las autoridades.
La Fiscalía también informó que Cediel Hoyos, quien cumple una condena por tráfico de armas en el establecimiento penitenciario La Picota de Bogotá, fue notificado de su vinculación a este nuevo proceso. De acuerdo con la hipótesis investigativa, alias Sargento García sería el encargado de coordinar la actividad ilícita desde el centro carcelario. Las autoridades señalan que su función habría incluido establecer contactos para la comercialización del material extraído de depósitos militares, mientras otros integrantes facilitarían las entregas desde diferentes instalaciones.
Durante los procedimientos de captura fueron incautados 8 teléfonos celulares, un computador portátil, un router WiFi, documentación relacionada con armamento, 2 vehículos y $6.880.000 en efectivo. Estos elementos quedaron incorporados a las actuaciones adelantadas por las autoridades para establecer las circunstancias de la presunta operación y la participación de cada una de las personas vinculadas. La Fiscalía indicó que los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá para las actuaciones judiciales correspondientes.
De acuerdo con la Fiscalía, a los capturados se les imputarán, según la posible responsabilidad individual establecida en los hechos investigados, delitos como concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación; y cohecho por dar u ofrecer. La imputación será presentada ante un juez de control de garantías, quien deberá evaluar las solicitudes de la Fiscalía dentro del procedimiento judicial correspondiente y garantizar los derechos de los involucrados.
La investigación busca establecer el alcance de una estructura que, según la Fiscalía, habría aprovechado funciones relacionadas con el almacenamiento y custodia del armamento para facilitar la salida irregular de material militar. Por ahora, las personas capturadas deberán comparecer ante la justicia y las responsabilidades individuales serán determinadas dentro del proceso. El caso también pone bajo investigación los mecanismos de control utilizados en depósitos militares y las posibles maniobras para alterar registros y facilitar la comercialización ilegal de elementos destinados exclusivamente a la Fuerza Pública.
