El presidente Abelardo De La Espriella respondió públicamente al oficio PRS-239-2026, fechado el 18 de septiembre de 2026 y firmado por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esa comunicación, Ramelli expresó ante la ciudadanía y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional su preocupación por una posible afectación a la independencia y funcionamiento de la jurisdicción, relacionada con iniciativas legislativas y presupuestales que actualmente cursan en el Congreso de la República.
De La Espriella rechazó el contenido, alcance y tono de la comunicación y sostuvo que ninguna decisión de su administración permite afirmar que Colombia esté incumpliendo compromisos internacionales. El mandatario defendió, además, que el Gobierno pueda fijar posiciones y que el Congreso discuta el Presupuesto General de la Nación sin que ello constituya, por sí mismo, una amenaza contra la independencia judicial. Su respuesta se concentró especialmente en el debate sobre los recursos destinados a la JEP.
Según las cifras presentadas por el presidente, la JEP ha recibido más de 3 billones de pesos del erario desde 2018. Para 2025, señaló una asignación de 777.069 millones de pesos, mientras que durante 2026 la jurisdicción opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027, indicó, la JEP solicitó 947.642 millones, mientras el proyecto de presupuesto contempla 821.803 millones. De La Espriella calificó esa diferencia como una decisión de responsabilidad fiscal y no como una medida de presión institucional.
El jefe de Estado también cuestionó la gestión de los recursos y planteó la necesidad de que la JEP explique cómo planifica, ejecuta y prioriza su presupuesto. En su pronunciamiento, afirmó que la jurisdicción no debe quedar al margen de la evaluación administrativa, la eficiencia y la rendición de cuentas. También sostuvo que el debate sobre los resultados judiciales debe formar parte de la discusión pública, especialmente frente al volumen de recursos asignados y las necesidades presupuestales planteadas para los próximos años.
Otro de los puntos señalados por De La Espriella fue el tamaño de la nómina de la JEP. El presidente afirmó que durante 2026 esta representaría 404.477 millones de pesos y mencionó cifras difundidas públicamente sobre la remuneración del presidente de la jurisdicción. A partir de esos datos, planteó cuestionamientos sobre el costo institucional y sostuvo que solicitar recursos adicionales no convierte automáticamente esas partidas en intocables, aunque reiteró que la independencia judicial debe ser respetada.
El mandatario puso además el foco en la Rama Judicial ordinaria, al señalar que enfrenta congestión de procesos, limitaciones de infraestructura y dificultades tecnológicas. En su planteamiento, una parte de los recursos públicos debería orientarse a fortalecer la justicia que atiende diariamente a la ciudadanía, incluidos jueces, fiscales, magistrados y empleados judiciales. De La Espriella sostuvo que la prioridad presupuestal debe considerar las necesidades generales del sistema y no únicamente los requerimientos de una jurisdicción especial.
La controversia tiene también una dimensión internacional, porque el oficio de Ramelli fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La Cancillería recuerda que Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma y que la CPI tiene carácter complementario frente a las jurisdicciones nacionales. En mayo de 2026, además, Colombia informó sobre una visita de la Fiscalía de la CPI orientada a fortalecer la cooperación en justicia penal internacional y los mecanismos de articulación institucional.
El pronunciamiento presidencial mantiene abierto el debate sobre la financiación de la JEP, su autonomía y la distribución de los recursos públicos destinados a la administración de justicia. De La Espriella afirmó que respetar la independencia judicial no implica aprobar automáticamente cada solicitud presupuestal, mientras la comunicación de Ramelli plantea preocupaciones sobre el funcionamiento de la jurisdicción. El escenario ahora queda ligado al trámite presupuestal de 2027 y a las decisiones que adopte el Congreso.
