La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, presentó un balance sobre las condiciones fiscales, presupuestales y administrativas encontradas al asumir la cartera el 7 de agosto de 2026. La revisión interna, según informó la funcionaria, identificó alertas relacionadas con compromisos presupuestales, control fiscal y procesos contractuales. El diagnóstico llevó al Ministerio a adoptar medidas inmediatas para proteger los recursos destinados al sistema de salud y revisar decisiones heredadas de la anterior administración.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con la ejecución de recursos. En agosto de 2026, el rubro principal de asignaciones contaba con una apropiación de 4,4 billones de pesos. De ese monto, 4,3 billones aparecían comprometidos, pero solamente 1,3 billones estaban obligados y pagados. La diferencia, cercana a 2,9 billones, se convirtió en uno de los focos de la revisión adelantada por la nueva administración, que busca establecer el estado real de esos recursos.
El diagnóstico también incorporó una revisión de 28 resoluciones que agrupaban 176 proyectos por más de 490 mil millones de pesos. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio, 108 proyectos, equivalentes a unos 365.604 millones, permanecían sin registro presupuestal. Cerca del 83% de ese valor estaba relacionado con obras de infraestructura. La situación llevó a revisar soportes, compromisos y condiciones administrativas antes de permitir nuevos movimientos sobre esos recursos públicos antes de autorizar su ejecución.
La respuesta institucional comenzó tres días después de la llegada de Vesga al cargo. El 10 de agosto de 2026, la ministra expidió una circular interna para suspender temporalmente nuevos procesos de contratación, contratos y convenios, además de contratos de prestación de servicios. La medida también cobijó prórrogas, adiciones y modificaciones sustanciales de contratos existentes. Solo quedaron exceptuadas aquellas actuaciones consideradas indispensables, siempre que contaran con justificación y autorización previa del despacho ministerial correspondiente durante el periodo de evaluación.
A la revisión administrativa se sumó la detección de posibles hechos de corrupción relacionados con este tipo de asignaciones. El Ministerio informó que puso esos casos en conocimiento de las autoridades competentes y rechazó cualquier solicitud de dinero, porcentaje, comisión o beneficio realizada en su nombre. La entidad señaló que ninguna persona está autorizada para negociar recursos públicos mediante intermediaciones de esa naturaleza y advirtió que quienes hayan utilizado el nombre institucional deberán responder ante la justicia.
El 5 de septiembre de 2026, Ana María Vesga presentó personalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se establezcan los responsables de los posibles delitos contra la administración pública. Como parte de la actuación, entregó un audio cuya autenticidad y valor probatorio deberán ser determinados por las autoridades. La investigación penal avanzará de manera independiente, mientras el Ministerio mantiene su propia revisión sobre resoluciones, proyectos, beneficiarios y registros presupuestales y demás elementos relacionados con el caso.
La cartera anunció que la información será cruzada con los documentos técnicos y jurídicos de cada proyecto, sus beneficiarios y los registros presupuestales correspondientes. El propósito es establecer si los compromisos cuentan con respaldo, identificar eventuales irregularidades y determinar qué actuaciones deben continuar. La revisión administrativa no sustituirá las competencias de los organismos de control ni de la Fiscalía, pero permitirá al Ministerio adoptar decisiones sobre recursos que permanecen bajo su responsabilidad institucional como parte de una verificación integral de la ejecución.
La ministra fijó como eje de esta etapa la protección de los recursos destinados a hospitales, medicamentos y atención de millones de colombianos. Bajo esa premisa, la administración anunció que revisará cada peso comprometido y denunciará las irregularidades que encuentre. El mensaje central de la cartera es mantener una política de transparencia frente a la ejecución presupuestal y reforzar los controles internos, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos cumplan su finalidad dentro del sistema de salud.
