El Ministerio de Educación Nacional abrió 2 nuevas investigaciones administrativas preliminares contra la Fundación de Educación Superior San José, FESSANJOSÉ, sus directivos y órganos de administración y control. La decisión, adoptada el 16 de septiembre de 2026, se origina en hallazgos reportados durante labores de inspección y vigilancia. Según la entidad, los indicios están relacionados con presuntas irregularidades académicas, laborales y con la conformación y funcionamiento de los órganos de gobierno institucional de esta institución de educación superior.
Las actuaciones fueron ordenadas por el Ministerio en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia del servicio público de educación superior. El proceso está a cargo del Viceministerio de Educación Superior, encabezado por Camilo Noguera Pardo, y se sustenta, según la entidad, en la Ley 30 de 1992, la Ley 1740 de 2014, el Decreto 2269 de 2023 y demás normas concordantes. La información oficial precisa que las investigaciones se encuentran en etapa preliminar y buscan esclarecer los hechos señalados.
Las actuaciones involucran a FESSANJOSÉ y a personas que han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control dentro de la institución. Entre los mencionados por el Ministerio se encuentran el representante legal, el rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales. La apertura de las investigaciones no establece por sí misma responsabilidades individuales. El Ministerio indicó que durante el procedimiento administrativo deberán esclarecerse los hechos, determinarse su alcance e individualizarse, si corresponde, los posibles responsables.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, las investigaciones parten de indicios sobre una posible práctica recurrente y sistemática al interior de FESSANJOSÉ. La entidad señaló que la existencia y el alcance de esa situación deberán ser establecidos durante el procedimiento administrativo. También indicó que los hallazgos podrían evidenciar debilidades estructurales en los mecanismos de verificación institucional. Por ahora, se trata de elementos que serán objeto de análisis dentro de las actuaciones iniciadas por la autoridad educativa competente.
La inspección que antecedió a las investigaciones incluyó la labor de una Inspectora In Situ, encargada de realizar verificaciones directas sobre el cumplimiento de las obligaciones y las condiciones en que se presta el servicio de educación superior. A partir de los informes derivados de ese proceso, el Ministerio fundamentó la apertura de las nuevas actuaciones administrativas. La entidad recordó que las instituciones de educación superior deben cumplir las condiciones de calidad y las normas aplicables a la prestación del servicio público.
El procedimiento permitirá establecer qué ocurrió frente a los hechos señalados y determinar si existen responsabilidades administrativas. El Ministerio explicó que, una vez desarrolladas las actuaciones correspondientes, podrá establecerse si hay lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1740 de 2014. Esta etapa deberá permitir la revisión de los elementos disponibles, la individualización de posibles responsables y la definición de las actuaciones que correspondan conforme al marco jurídico aplicable a las instituciones de educación superior.
La decisión se enmarca en las funciones de inspección y vigilancia que ejerce el Ministerio de Educación sobre el servicio público de educación superior. Según la entidad, estas actuaciones buscan fortalecer los mecanismos de control y verificar el cumplimiento de las obligaciones institucionales. El proceso también permitirá revisar las condiciones académicas, laborales y administrativas señaladas en los hallazgos preliminares, sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades hasta que finalicen las actuaciones y se adopten las decisiones correspondientes dentro del procedimiento.
Con la apertura de estas 2 investigaciones preliminares, el Ministerio de Educación Nacional inicia una nueva fase de revisión sobre FESSANJOSÉ y las actuaciones de quienes han tenido responsabilidades dentro de su estructura institucional. El objetivo declarado es esclarecer los hechos, establecer posibles responsabilidades y determinar si proceden medidas administrativas. La entidad reiteró que su labor de inspección y vigilancia está orientada a proteger el derecho a una educación superior con calidad, transparencia y rigor institucional.
