La Fiscalía General de la Nación imputó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por el delito de concusión, por presuntamente exigir $40 millones a un capitán del Ejército Nacional que era investigado por su despacho. Según los elementos materiales probatorios citados por el organismo, el dinero habría sido solicitado a cambio de favorecer al oficial dentro del proceso penal militar. La actuación se relaciona con hechos ocurridos en 2025 y permanece bajo investigación de las autoridades competentes.
De acuerdo con la Fiscalía, el 7 de abril de 2025 Ardila Arias se habría reunido con el capitán en una cantina de Florencia, Caquetá. En ese encuentro, presuntamente le solicitó los $40 millones para beneficiarlo judicialmente. Tres días después, al parecer, ambos volvieron a encontrarse y el entonces funcionario judicial habría reiterado la petición. La Fiscalía indicó que estos hechos fueron establecidos a partir de elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
El proceso en el que presuntamente se habría buscado favorecer al oficial tuvo origen en una operación del Ejército Nacional realizada el 11 de marzo de 2025, en una zona rural de San José del Fragua, Caquetá. El operativo estaba dirigido contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas. Durante sobrevuelos efectuados con drones, fueron observados varios hombres que vestían prendas camufladas y portaban fusiles. Posteriormente, las autoridades establecieron que se trataba de militares vinculados con el procedimiento.
Según el reporte de la Fiscalía, los uniformados habían reportado coordenadas diferentes al lugar donde realmente se encontraban. Por estos hechos, el capitán y 2 suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público. Las diligencias judiciales estaban a cargo de Javier Ardila Arias, quien para ese momento ejercía como juez penal militar. El organismo investigador señaló que, durante el trámite, el funcionario no impuso medida de aseguramiento contra los involucrados dentro de ese proceso.
La presunta solicitud de dinero habría estado directamente relacionada con la situación judicial del capitán. La Fiscalía sostiene que el exjuez habría buscado obtener los $40 millones a cambio de favorecerlo dentro del proceso que permanecía bajo conocimiento de su despacho. Ante la reiteración de la exigencia, el oficial decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la Nación. A partir de esa denuncia se desarrollaron las actuaciones investigativas que condujeron a la imputación conocida este 16 de septiembre de 2026.
La imputación por concusión corresponde a la actuación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien recopiló los elementos materiales probatorios relacionados con la presunta exigencia económica. El boletín divulgado por la Fiscalía presenta los hechos en términos de presunción y atribuye las conductas señaladas a la investigación en curso. La entidad no informó en el documento suministrado sobre una decisión judicial definitiva frente a la responsabilidad penal del exjuez por los hechos investigados.
El caso centra la investigación en una supuesta exigencia económica vinculada con un proceso penal militar que estaba bajo conocimiento del entonces funcionario judicial. La Fiscalía relaciona la actuación con la denuncia presentada por el capitán y con los encuentros que presuntamente sostuvieron ambos en Florencia durante abril de 2025. El expediente también incluye como antecedente la investigación contra el oficial y 2 suboficiales, derivada de una operación militar desarrollada en zona rural de San José del Fragua.
La Fiscalía General de la Nación informó la imputación de Javier Ardila Arias por concusión y explicó que la investigación se originó en la denuncia presentada por el capitán que habría recibido la solicitud de dinero. Los hechos descritos corresponden a actuaciones presuntamente ocurridas en abril de 2025, mientras la comunicación oficial fue emitida el 16 de septiembre de 2026. La investigación deberá avanzar conforme al procedimiento judicial, con respeto por las garantías procesales y la presunción de inocencia.
