Abelardo De La Espriella decidió convertir a los encapuchados en uno de los primeros símbolos de autoridad de su Gobierno, su mensaje del domingo no fue una referencia circunstancial a los disturbios ni una advertencia más de seguridad. Fue una toma de posición frente a una práctica que durante años terminó normalizándose en Colombia: utilizar una causa política, una multitud o incluso una universidad como cobertura para ejercer violencia y desafiar a la Fuerza Pública. El Presidente fue contundente porque entendió que, detrás de la capucha, no puede existir una especie de inmunidad política.
La frase “voy a ir por ustedes” resume esa determinación. No estaba dirigida al estudiante que protesta, al ciudadano que reclama ni al universitario que piensa diferente, estaba dirigida a quienes se cubren el rostro para atacar, destruir, incendiar o preparar acciones violentas y después pretenden aprovechar el anonimato para escapar de las consecuencias, esa diferencia resulta esencial. Una democracia debe proteger la protesta, pero también debe proteger a la sociedad de quienes utilizan la protesta como instrumento para cometer delitos, defender una cosa no obliga a tolerar la otra.
El debate sobre las universidades merece una lectura todavía más seria. La autonomía universitaria es fundamental y debe mantenerse intacta, pero autonomía no significa ausencia de Estado, un campus está hecho para formar, investigar, discutir ideas y construir conocimiento, no para convertirse en escondite de quienes atacan ciudadanos o miembros de la Fuerza Pública. Cuando un grupo utiliza una institución educativa como plataforma para la violencia, termina perjudicando precisamente aquello que dice defender, los estudiantes, profesores y trabajadores son los primeros afectados cuando una universidad deja de ser un espacio de conocimiento y termina atrapada en una confrontación callejera.
De La Espriella está haciendo algo políticamente relevante: está definiendo una frontera. Protestar es legítimo, pensar distinto es legítimo, cuestionar al Gobierno es legítimo lo que no puede ser legítimo es destruir, agredir o utilizar instalaciones públicas para preparar acciones violentas. Esa frontera parece sencilla, pero durante años Colombia permitió que la discusión se volviera innecesariamente confusa. El Presidente decidió simplificarla y hacerlo desde la máxima autoridad del Estado, su mensaje fue claro: quien quiera protestar tendrá garantías; quien quiera utilizar la violencia tendrá al Estado detrás.
La importancia política de esta postura está en que responde a una preocupación ciudadana que va mucho más allá de las universidades, el colombiano que se levanta temprano para trabajar, que necesita transporte público, que tiene un negocio o que simplemente quiere regresar tranquilo a su casa no suele vivir el conflicto desde las categorías ideológicas con las que muchas veces se discute en los medios, lo vive desde algo mucho más concreto: quiere que las reglas se cumplan, y cuando observa que alguien puede destruir bienes, atacar policías o sembrar miedo ocultando su rostro, espera una respuesta del Estado.
Ahí aparece el componente electoral de la estrategia presidencial. De La Espriella está convirtiendo la seguridad y la autoridad en una identidad política de su administración, no solamente está diciendo que enfrentará a las grandes organizaciones criminales; está transmitiendo que tampoco permitirá pequeños territorios de impunidad en las ciudades. Esa posición puede consolidar a su electorado más fiel, pero también puede atraer a ciudadanos moderados que no se identifican necesariamente con la derecha y que, sin embargo, consideran indispensable recuperar el respeto por la autoridad, ese segmento puede terminar siendo decisivo en la valoración política de su Gobierno.
La oposición tendrá que responder con inteligencia. Resultaría sencillo intentar convertir el discurso presidencial en una supuesta guerra contra los estudiantes o contra las universidades, pero esa lectura puede quedarse corta frente a un ciudadano que distingue perfectamente entre protestar y agredir. El desafío para los contradictores de De La Espriella será defender las libertades sin terminar defendiendo los abusos cometidos bajo su nombre, y para el Presidente el desafío será exactamente lo contrario: mantener la contundencia sin permitir que una política necesaria contra la violencia termine siendo presentada como una política contra la inconformidad.
La determinación, además, tendrá que traducirse en resultados, una frase fuerte puede marcar una noche, pero una política de Estado necesita investigación, identificación de responsables, pruebas, capturas cuando correspondan y decisiones judiciales. El Gobierno tendrá que demostrar que sabe actuar con precisión, no puede tratar como delincuente a quien simplemente protesta, pero tampoco puede permitir que el violento se esconda detrás del manifestante legítimo, esa capacidad de distinguir será una de las pruebas más importantes para De La Espriella. La verdadera fortaleza de un Gobierno no está solamente en lo que anuncia, sino en aquello que consigue hacer cumplir.
Por eso el discurso del domingo puede terminar siendo mucho más importante de lo que parece, el Presidente está intentando instalar una idea sencilla y políticamente poderosa: el Estado no puede retroceder frente a quienes utilizan la violencia para desafiarlo. No se trata de regresar a épocas de excesos ni de convertir la autoridad en una excusa para atropellar derechos, se trata de recuperar una premisa básica de cualquier democracia: las libertades tienen protección y los delitos tienen consecuencias. De La Espriella escogió a los encapuchados para hacer visible esa premisa y decidió hacerlo desde el primer mes de su Gobierno.
La capucha puede ocultar un rostro, pero no debería convertirse en un mecanismo para ocultar responsabilidades. Esa es la discusión que abrió De La Espriella y, políticamente, es una discusión que puede marcar su Presidencia, si consigue demostrar que puede enfrentar a los violentos, proteger a quienes protestan legítimamente y devolverle al ciudadano la sensación de que el Estado está presente, habrá construido algo más grande que una respuesta a los disturbios: habrá convertido la autoridad en una de las principales banderas de su Gobierno. Y en una Colombia cansada de ver al Estado llegar tarde, esa determinación puede tener un enorme peso político y electoral.
Columna de. Juan Pablo Castillo
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