El caso de Juliana Guerrero dejó de ser hace rato la historia de una joven que quiso ascender en la política, es la historia de cómo el poder puede abrir puertas, cerrar los ojos ante las alarmas y terminar convirtiendo un escándalo en una crisis institucional, Guerrero consiguió acercarse a importantes círculos del Gobierno Petro, ganó espacios de confianza, fue considerada para un viceministerio y terminó ante la justicia. Ahora, después de ser condenada por fraude procesal, pretende presentarse ante el País como una víctima, y ahí es donde el caso adquiere una dimensión mucho más preocupante.
La justicia terminó confirmando una parte sustancial de esas dudas, Guerrero fue condenada por fraude procesal después de admitir que actualizó información en el SIGEP II y presentó documentos ante el Ministerio de Igualdad para cumplir los requisitos que le permitieran aspirar al Viceministerio de Juventudes, no fue una simple equivocación administrativa: presentó información falsa para intentar acceder a un cargo de alta responsabilidad dentro del Estado. La condena fue de 36 meses de prisión, multa de 100 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años y medio, pero su ejecución quedó suspendida y no habrá cárcel efectiva.
El juez compulsó copias para que la Fiscalía determine si existen elementos para investigar una posible falsedad ideológica en documento público, en la que Guerrero habría actuado como determinadora. La Procuraduría, por su parte, cuestionó el tratamiento dado al caso y apeló la decisión. Es legítimo preguntarse si la respuesta institucional fue suficientemente rigurosa y si el mensaje que deja resulta proporcional a la gravedad de los hechos, cuando una persona reconoce una conducta que tuvo como propósito acreditar requisitos para acceder a un cargo público, el asunto deja de ser un simple episodio de una hoja de vida y se convierte en un problema de confianza institucional.
Aquí el Gobierno Petro no puede desaparecer del relato político, Juliana Guerrero tuvo acceso a espacios de poder, fue considerada para una posición de relevancia y recibió respaldo público del expresidente Gustavo Petro cuando el escándalo tomó fuerza, eso no significa atribuirle al Gobierno responsabilidad penal por las actuaciones de Guerrero, pero sí plantea preguntas políticas legítimas: ¿cómo funcionaron los filtros?, ¿quién verificó los requisitos?, ¿quién conocía las dudas que existían sobre su trayectoria? y, sobre todo, ¿por qué esas dudas no impidieron que siguiera avanzando?.
En esa discusión aparecen dos nombres que tampoco pueden desaparecer: Angie Rodríguez y Alfredo Saade. Rodríguez cuestionó el ascenso de Guerrero y formuló denuncias públicas sobre la influencia que, según su versión, ejercía dentro del Gobierno. Habló de presiones, temor y capacidad de incidir en decisiones y nombramientos, son afirmaciones que corresponden a su versión y que no deben confundirse con hechos judicialmente establecidos, pero tienen relevancia política porque Rodríguez conoció desde dentro el funcionamiento de la administración y decidió hacer públicas sus diferencias.
También hay otro elemento que merece ser examinado: información y cuestionamientos sobre Guerrero ya eran conocidos, según distintas versiones, por funcionarios que trabajaban con Rodríguez y por personas externas al Gobierno, es decir, no todo comenzó cuando el caso llegó a los medios, si efectivamente existían advertencias previas, corresponde establecer quién las conocía, qué hizo con ellas y por qué los mecanismos institucionales no actuaron antes, no se trata de convertir rumores en pruebas, sino de determinar si hubo señales de alerta que fueron ignoradas.
Alfredo Saade aporta otro elemento a este relato, contó públicamente que tuvo dos encuentros con Guerrero, uno junto al Exministro Armando Benedetti y otro en Palacio, según su versión, en esos episodios presenció discusiones, expresiones ofensivas y presiones para que determinados asuntos avanzaran, se trata de un testimonio personal que debe atribuirse a quien lo hizo y que no equivale a una conclusión judicial, pero resulta políticamente relevante porque describe la percepción que otro funcionario tuvo sobre el comportamiento y la influencia de Guerrero dentro de los espacios de poder.
Angie habló de la influencia política; Saade relató episodios que, según su versión, presenció personalmente, son testimonios distintos que no pueden convertirse automáticamente en verdades judiciales, pero tampoco deberían ser descartados sin examen. La pregunta de fondo es sencilla: si existían advertencias, cuestionamientos y personas dentro y fuera del Gobierno que decían conocer antecedentes sobre Guerrero, ¿por qué nadie logró detener a tiempo su ascenso?, esa es una pregunta sobre los controles del Estado, no únicamente sobre la conducta individual de una persona.
Juliana tiene derecho a defenderse, a pedir una segunda oportunidad y a rechazar los señalamientos que considere injustos, pero una cosa es ejercer ese derecho y otra construir una narrativa en la que una condena por fraude procesal termine reducida a una “persecución”, después de admitir los hechos que sustentaron la condena, resulta difícil sostener que todo el episodio pueda explicarse exclusivamente como una campaña en su contra. La sociedad puede reconocer el derecho a una segunda oportunidad sin desconocer la gravedad de lo ocurrido.
Por eso, políticamente, para Juliana Guerrero debe existir la muerte política, no como una sanción jurídica —esa corresponde a los jueces y a las autoridades competentes—, sino como una consecuencia democrática de la pérdida de confianza. Quien fue condenada por fraude procesal en un caso relacionado con la acreditación de requisitos para aspirar a un viceministerio tendrá enormes dificultades para volver a pedirles a los colombianos que depositen en ella una responsabilidad pública, la política también tiene consecuencias cuando se rompe la confianza.
Pero el verdadero examen está ahora en la Procuraduría, si considera que el tratamiento judicial fue insuficiente, debe sostener esa posición dentro de los mecanismos legales disponibles, si considera que existen asuntos pendientes por esclarecer, debe impulsar las actuaciones correspondientes, y si encuentra responsabilidades adicionales, tendrá que proceder conforme a la ley. No basta con apelar: debe demostrar que su actuación tiene un propósito concreto y que el Ministerio Público está dispuesto a ejercer control incluso cuando el caso involucra personas que tuvieron acceso a los círculos del poder.
La Procuraduría tiene, por tanto, una oportunidad para demostrar que su inconformidad no fue simplemente una actuación procesal más, el País necesita saber qué está cuestionando, qué pretende que se revise y hasta dónde está dispuesta a llegar dentro de sus competencias. El caso de Juliana Guerrero no debería terminar convertido en otro escándalo que se pierde entre titulares y recursos, la confianza pública no se recupera con videos, lágrimas ni discursos de victimización, se recupera cuando las instituciones demuestran, con hechos, que frente al poder también existen límites.
Columna de. Juan Pablo Castillo
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