La Fiscalía General de la Nación judicializó a Racifo Jesús Acosta Lizardo, señalado de agredir y amenazar a su empleadora dentro de una pastelería de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 23 de julio, después de que el hombre habría solicitado que le anticiparan el pago de su salario. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la golpeó hasta hacerla caer y posteriormente la trasladó hacia una zona menos visible del establecimiento.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, la agresión habría continuado en esa zona del establecimiento, donde la víctima también habría sido amenazada. Los llamados de auxilio alertaron a personas que se encontraban en los alrededores de la pastelería, quienes acudieron para ayudar a la mujer. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. La investigación busca establecer las circunstancias concretas en las que ocurrieron los hechos y la responsabilidad del procesado.
Las evidencias recopiladas durante la investigación permitieron a la Fiscalía solicitar una orden de captura contra Acosta Lizardo. La orden fue materializada el 21 de septiembre en vía pública de Bogotá, según el reporte entregado por el organismo investigador. La captura se produjo casi 2 meses después de los hechos denunciados, mientras avanzaban las actuaciones orientadas a recopilar elementos materiales probatorios y establecer la posible responsabilidad del señalado en la agresión ocurrida dentro del establecimiento comercial de Usaquén.
Un fiscal de la Seccional Bogotá presentó ante la justicia la imputación contra Acosta Lizardo por el delito de homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con la Fiscalía, el procesado no aceptó el cargo formulado durante la actuación judicial. La decisión sobre su situación jurídica quedó en manos de una juez de control de garantías, quien evaluó la solicitud presentada dentro del proceso y determinó imponerle una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa la actuación judicial correspondiente.
La medida de aseguramiento fue adoptada luego de la audiencia correspondiente ante la juez de control de garantías. La Fiscalía sustentó la actuación con los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación, mientras que el procesado mantuvo su decisión de no aceptar el cargo imputado. El caso continuará en las instancias judiciales correspondientes, donde deberán desarrollarse las actuaciones previstas para determinar las circunstancias de la agresión y establecer, conforme al proceso, las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados.
El caso se originó en una situación relacionada con el pago del salario de la trabajadora, según la hipótesis expuesta por la Fiscalía. La negativa a anticipar el dinero habría antecedido a la agresión ocurrida en la pastelería. El organismo investigador señaló que los llamados de auxilio permitieron que personas cercanas acudieran al lugar y ayudaran a la víctima, quien posteriormente recibió atención médica. Estos elementos hacen parte de la investigación presentada ante las autoridades judiciales para sustentar la imputación realizada contra el señalado.
La Fiscalía indicó que la judicialización se produjo a partir de los elementos materiales probatorios recopilados durante las diligencias adelantadas después de los hechos. La captura del señalado se realizó en espacio público de Bogotá el 21 de septiembre, tras la orden solicitada por el organismo investigador. A partir de la imputación por homicidio en grado de tentativa, el proceso continuará bajo conocimiento de las autoridades judiciales. El acusado conserva las garantías procesales correspondientes mientras avanza el trámite del caso ante la justicia.
Con la medida de aseguramiento en centro carcelario, Acosta Lizardo permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial derivado de los hechos ocurridos en la pastelería de Usaquén. La Fiscalía mantiene la investigación sobre las circunstancias de la agresión y la amenaza denunciadas por la mujer. Por ahora, la imputación corresponde a una acusación formal dentro del proceso y no constituye una sentencia. La determinación definitiva sobre la responsabilidad penal deberá producirse conforme avance la actuación judicial.
