El Instituto para la Economía Social, IPES, anunció una salida para los vendedores informales que permanecían en el Recinto Ferial 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal. El predio, ubicado junto al Portal de TransMilenio, acumulaba obligaciones superiores a $1.700 millones por arrendamiento y servicios públicos. De los 63 vendedores que permanecían en el lugar, 60 aceptaron nuevos contratos y acuerdos de pago para continuar desarrollando sus actividades económicas bajo nuevas condiciones.
Las obligaciones pendientes corresponden a diferentes conceptos acumulados durante aproximadamente una década. Según el IPES, más de $659 millones corresponden al arrendamiento de los espacios, mientras que más de $945 millones están relacionados con servicios públicos de agua y energía adeudados directamente a la entidad. A esto se suman más de $116 millones por el servicio de aseo con Promoambiental. El incumplimiento de estos compromisos llevó el caso a un proceso judicial y posteriormente a la restitución del inmueble.
La situación tuvo una definición judicial con la sentencia del Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, emitida el 9 de diciembre de 2022. La decisión declaró terminado el contrato de arrendamiento suscrito en 2015 y ordenó la restitución del inmueble. De acuerdo con el IPES, la actuación realizada sobre el recinto corresponde al cumplimiento de esa determinación judicial. El instituto retomó el inmueble para adelantar acciones de limpieza y preparar nuevas condiciones para su utilización.
Aunque la restitución debía cumplirse, el Distrito, mediante el IPES, abrió una alternativa para los vendedores que quisieran continuar en el lugar. La propuesta incluyó nuevos contratos y acuerdos de pago destinados a normalizar las obligaciones pendientes. La directora del IPES, Catalina Arciniegas, explicó que la decisión buscó combinar el cumplimiento de la orden judicial con una posibilidad para quienes llevaban años construyendo allí su actividad económica. La alternativa permitió mantener abiertas opciones de continuidad comercial para los interesados.
De los 63 vendedores informales que permanecían en el recinto, 60 aceptaron la propuesta planteada por el Distrito. Los comerciantes firmaron nuevos contratos y acordaron avanzar en la reconstrucción de su relación contractual con la administración distrital. De acuerdo con el IPES, esta cifra representa más del 90 % de quienes permanecían en el lugar. El proceso busca establecer nuevas condiciones para el funcionamiento de los establecimientos y avanzar simultáneamente en la normalización de las obligaciones económicas acumuladas.
El Instituto señaló que la actuación desarrollada en el Recinto Ferial 20 de Julio no corresponde a una decisión improvisada ni unilateral, sino al cumplimiento de una orden judicial. Paralelamente, la entidad estableció mecanismos para que los vendedores que aceptaron la alternativa puedan continuar sus actividades económicas. El esquema contempla acuerdos de pago y nuevos contratos, con el propósito de ordenar la ocupación del espacio y atender las obligaciones pendientes derivadas de la relación anterior con el Distrito.
El proceso también contempla nuevas posibilidades para otros comerciantes interesados en desarrollar actividades económicas en este sector de San Cristóbal. El IPES informó que todavía existen 12 espacios disponibles para quienes quieran acceder a ellos y cumplir las condiciones establecidas por la entidad. La disponibilidad abre una alternativa para nuevos vendedores dentro del proceso de reorganización del recinto. La información sobre estos espacios puede consultarse a través de los canales institucionales del Instituto para la Economía Social.
Con la aceptación de 60 vendedores, el IPES busca avanzar en la normalización de las obligaciones, cumplir la decisión judicial y establecer condiciones para que las actividades económicas puedan desarrollarse de manera ordenada y sostenible. El caso combina una deuda superior a $1.700 millones, una sentencia de restitución y una nueva etapa contractual para la mayoría de comerciantes que permanecían en el recinto. El proceso deja abierta la posibilidad de reorganizar este espacio comercial bajo nuevas reglas y compromisos.
Sección
Bogota
