El Gobierno adoptó medidas extraordinarias para apoyar la recuperación de empresas y unidades productivas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión quedó establecida mediante el Decreto Legislativo 1418 del 17 de septiembre, que plantea herramientas para reactivar la capacidad productiva en los territorios impactados. La estrategia contempla apoyo financiero, mecanismos societarios temporales y acciones dirigidas a proteger empleos, ingresos y actividades durante la recuperación.
Uno de los principales componentes de la norma permite movilizar recursos de las cámaras de comercio de todo el país hacia los municipios afectados, incluso cuando estén fuera de sus respectivas jurisdicciones. Estos recursos podrán respaldar directamente la recuperación de capacidades y activos productivos, facilitar el acceso a mercados y financiación, fortalecer cadenas de proveeduría e impulsar procesos de innovación, digitalización, emprendimiento, formalización, capacitación e internacionalización para empresas afectadas directamente.
La dimensión de los daños sustenta la aplicación de estas medidas. Según información recopilada por Confecámaras, con corte al 25 de agosto, 30.449 empresas y unidades productivas habían reportado afectaciones relacionadas con el terremoto. De ese universo, el 40,4 % no se encontraba en condiciones de operar. Las cifras evidencian el impacto sobre actividades económicas y explican la necesidad de establecer mecanismos extraordinarios para facilitar la recuperación empresarial en zonas afectadas.
Las cámaras de comercio podrán desarrollar los programas directamente o mediante alianzas y convenios con entidades públicas y privadas, otras cámaras o Confecámaras. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizará seguimiento trimestral a la ejecución de los recursos. La disposición busca garantizar que las herramientas movilizadas sean utilizadas en acciones relacionadas con la recuperación y permitan acompañar procesos para restablecer capacidades, fortalecer negocios y contribuir a la reactivación económica.
Las empresas que acrediten una afectación directa como consecuencia del terremoto y cumplan las condiciones establecidas podrán acceder a mecanismos societarios temporales. Las alternativas incluyen procesos de reorganización, disposición de activos, reducción de capital y diferentes mecanismos de emisión y capitalización. Bajo condiciones específicas, también se contemplan opciones relacionadas con el pago de dividendos en acciones y la emisión de acciones ordinarias sin derecho de preferencia, según las disposiciones previstas.
El propósito de estos mecanismos es facilitar decisiones empresariales orientadas a recuperar liquidez, reponer activos productivos y restablecer operaciones. La norma establece que estas acciones deberán mantener las garantías previstas para trabajadores, socios y acreedores. De esta manera, las empresas afectadas podrán contar con alternativas temporales para reorganizar sus estructuras y recuperar capacidad operativa, mientras avanzan los procesos de reconstrucción y recuperación derivados de la emergencia ocasionada por el terremoto.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, sostuvo que la recuperación empresarial resulta fundamental para recuperar los ingresos familiares, proteger el empleo y reactivar las economías locales. Por su parte, el viceministro de Desarrollo Empresarial, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo, describió las medidas como un mecanismo de solidaridad empresarial para movilizar capacidades y recursos hacia los territorios afectados y respaldar la recuperación de su tejido productivo regional directamente.
Las medidas establecidas mediante el Decreto Legislativo 1418 tienen carácter extraordinario y temporal. Con su implementación, el Gobierno Nacional busca acelerar la recuperación del tejido empresarial y devolver capacidad productiva a los territorios afectados por el terremoto. El esquema combina recursos de las cámaras de comercio con alternativas societarias para empresas directamente afectadas, mientras mantiene garantías para trabajadores, socios y acreedores durante el proceso de recuperación y reactivación económica regional.
