Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una estructura que, presuntamente, habría convertido la cárcel La Picota, en Bogotá, en uno de los puntos de operación de un esquema de extorsiones y estafas telefónicas. La organización habría obtenido más de $4.900 millones mediante llamadas realizadas desde el pabellón 6, utilizando perfiles falsos, fotografías íntimas y montajes para intimidar a las víctimas. El dinero habría terminado financiando la adquisición de bienes y otros activos.
La investigación comenzó a partir de un Reporte de Operación Sospechosa y permitió reconstruir el recorrido de los recursos desde su origen hasta su destino. Los investigadores examinaron más de 631.000 operaciones financieras y documentaron 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas. Según la Fiscalía, los integrantes de la red habrían burlado controles del INPEC para acceder a teléfonos, servicios de datos y aplicaciones financieras, extendiendo el esquema hacia otros centros penitenciarios del país.
La modalidad identificada tenía como punto de partida contactos mediante WhatsApp. Desde prisión, presuntamente se creaban perfiles falsos de mujeres para ofrecer supuestos servicios sexuales y atraer a potenciales víctimas. Después, la organización habría utilizado fotografías tomadas de redes sociales o montajes para realizar señalamientos relacionados con delitos sexuales. Con ese material se exigían transferencias de dinero bajo la amenaza de publicarlo, y tras conseguir un primer pago aumentaban las presiones para obtener nuevas sumas.
La Fiscalía señaló que los recursos eran recibidos en billeteras digitales y cuentas de terceros, desde donde se distribuían entre personas que participarían en las actividades dentro y fuera de la cárcel. Parte del dinero era retirado en efectivo y destinado a la compra de inmuebles, vehículos y otros activos. El seguimiento financiero también permitió detectar un esquema mediante el cual se habrían ocultado por lo menos $2.000 millones durante un periodo inferior a 4 años.
En el centro del entramado aparece Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, quien permanece privado de la libertad y, según la investigación, habría mantenido el control criminal y financiero de la estructura. Viracachá cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas, además de permanecer privado de la libertad. También se le atribuyen presuntas extorsiones y lesiones contra otras personas privadas de la libertad.
De acuerdo con la investigación, Viracachá habría ejercido influencia en varios patios y participado en el reclutamiento y entrenamiento de internos para realizar llamadas masivas a personas ubicadas en diferentes regiones. Parte de las ganancias presuntamente se destinaba a conservar ese dominio dentro del establecimiento y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos, ampliando el alcance del negocio ilegal más allá de las extorsiones telefónicas y las estafas digitales.
La estructura investigada también habría utilizado vínculos familiares para mover los recursos y adquirir bienes. La Fiscalía identificó 6 inmuebles y 4 vehículos ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca, además de Restrepo, en Meta. Los activos serían producto de las actividades ilícitas y la entidad anunció que promoverá medidas cautelares con fines de comiso. Entre los capturados aparecen Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez.
Los 3 capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá por un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales, que les imputó, según su presunta participación, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. El caso deja en evidencia la dimensión financiera que pueden alcanzar las redes de extorsión que operan mediante comunicaciones ilícitas desde establecimientos penitenciarios.
