La Fiscalía General de la Nación vinculó a una investigación por presuntas irregularidades en embargos de mesadas pensionales a Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima, Cundinamarca. El exfuncionario fue capturado y deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario, luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputara cuatro delitos relacionados con las actuaciones que habría desarrollado mientras estaba al frente de ese despacho judicial, según la investigación.
La investigación apunta a un esquema en el que se habrían promovido demandas ante despachos judiciales que no tenían competencia territorial para conocerlas. De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, posteriormente se obtenían embargos sobre mesadas pensionales y órdenes para entregar los recursos retenidos. En este entramado presuntamente participarían notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en diferentes ciudades del país.
Burgos Rodríguez estuvo al frente del juzgado de Sasaima entre 2020 y 2025, periodo durante el cual ese despacho conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que ahora es objeto de investigación. La Fiscalía sostiene que, durante el ejercicio de su cargo, el exjuez habría admitido pretensiones pese a no tener competencia territorial y habría ordenado retenciones sobre pensiones, además de otras actuaciones orientadas a mantener los recursos bajo custodia del juzgado durante los procedimientos cuestionados.
De los procesos revisados, 21 estarían directamente relacionados con decisiones que generaron embargos de hasta el 50 % de las pensiones. Según la investigación, esas actuaciones habrían permitido que un mismo accionante recibiera más de $1.150 millones. El dato hace parte de los elementos que sustentan la imputación contra el exjuez y permite dimensionar el alcance económico que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían tenido algunas de las decisiones adoptadas dentro de los procesos examinados durante el periodo investigado.
Uno de los casos documentados involucra a una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas. Según la investigación, en 2022 su situación habría sido aprovechada para obtener mediante engaños su firma en documentos en blanco. Esos documentos fueron posteriormente utilizados para promover una demanda ejecutiva que terminó afectando sus recursos. Como consecuencia de ese proceso, la mujer habría perdido $63 millones, según los elementos recopilados por la Fiscalía durante la investigación.
El fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad. La acusación se relaciona con las presuntas actuaciones irregulares atribuidas al exfuncionario dentro del esquema investigado y con los perjuicios económicos que habrían sufrido algunas personas afectadas por los procesos de embargo de sus mesadas pensionales durante el periodo investigado.
Durante la actuación judicial, Burgos Rodríguez no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, la autoridad judicial determinó que deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso. La investigación continúa para establecer las responsabilidades individuales de las personas que habrían participado en el esquema y determinar el alcance de las actuaciones relacionadas con los procesos tramitados, las retenciones ordenadas y la posterior entrega de los recursos involucrados.
El caso vuelve la atención sobre el uso de procesos judiciales para afectar recursos destinados al sostenimiento de personas pensionadas, especialmente cuando las actuaciones se adelantan ante despachos que presuntamente no tendrían competencia territorial. La Fiscalía mantiene la investigación sobre el entramado y sus posibles participantes, mientras Burgos Rodríguez permanece vinculado al proceso y bajo medida de aseguramiento.
