El Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales, adelantó una operación contra las finanzas de organizaciones de delincuencia organizada transnacional. La acción, desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, permitió afectar 38 bienes inmuebles ubicados en Bogotá y municipios aledaños, cuyo valor conjunto asciende a $379.873.055.500, según los avalúos realizados por la Fiscalía.
La operación fue ejecutada por tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en articulación con las autoridades judiciales y administrativas involucradas en el procedimiento. Los inmuebles identificados estarían relacionados con estructuras de delincuencia organizada transnacional que tendrían presencia y actividades ilícitas en el centro del país. La intervención busca impactar los recursos y bienes asociados con estas organizaciones, mediante actuaciones orientadas a limitar su capacidad económica y patrimonial.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los bienes habrían sido adquiridos, presuntamente, utilizando recursos provenientes de actividades relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. Las investigaciones corresponden a las autoridades competentes, que deberán establecer el origen de los recursos y la relación de los inmuebles con las estructuras investigadas. La actuación judicial se desarrolla dentro de los procedimientos establecidos para determinar la procedencia de las medidas sobre estos activos.
Los 38 inmuebles serán objeto de medidas cautelares de extinción del derecho de dominio, embargo, secuestro y pérdida del poder dispositivo, conforme a las actuaciones adelantadas por las autoridades competentes. Estas medidas buscan impedir que los bienes puedan ser transferidos, ocultados o utilizados mientras avanzan los procesos correspondientes. El procedimiento hace parte de las acciones institucionales dirigidas a afectar el patrimonio de estructuras criminales mediante mecanismos judiciales y administrativos previstos por la legislación colombiana.
El valor establecido para los bienes representa una afectación patrimonial significativa dentro de la operación desarrollada en Bogotá y municipios cercanos. Los avalúos fueron realizados por la Fiscalía General de la Nación y establecieron un monto total de $379.873.055.500 para los inmuebles intervenidos. La acción concentra esfuerzos en el componente financiero de las organizaciones criminales, bajo la consideración de que la identificación y afectación de activos constituye una de las líneas utilizadas por las autoridades para combatir sus estructuras económicas.
La operación se desarrolla dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia en la que participan unidades militares y entidades de investigación y administración de activos. En este caso, la Décima Tercera Brigada articuló capacidades con el CTI de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales para avanzar en la intervención de los inmuebles. La coordinación interinstitucional permitió integrar labores de investigación, procedimientos judiciales y administración de los bienes afectados durante la operación.
Para las autoridades militares, la acción representa una intervención sobre las capacidades económicas de organizaciones criminales que desarrollan actividades ilícitas en el centro del país. La afectación de los inmuebles se suma a los procedimientos adelantados contra estructuras que presuntamente utilizan bienes y recursos para sostener sus operaciones. El Ejército señaló que este tipo de actuaciones hace parte de las acciones destinadas a contribuir a la seguridad de los habitantes de Bogotá y Cundinamarca.
La operación deja como resultado la afectación de 38 inmuebles, con un valor conjunto de $379.873.055.500, mientras las autoridades continúan los procedimientos relacionados con las medidas cautelares y la investigación sobre el origen de los bienes. La actuación también refleja el trabajo conjunto entre Fuerza Pública, Fiscalía y entidades encargadas de los activos sometidos a procesos judiciales. Las autoridades mantendrán las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades y determinar el destino jurídico de los inmuebles.
