Cuatro Emisoras de Paz ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta suspendieron temporalmente sus emisiones luego de que una revisión administrativa, jurídica y técnica de Inravisión identificara que comenzaron a operar en 2024 sin haber culminado los trámites de concesión requeridos. La decisión fue comunicada por la nueva gerente del Sistema de Medios Públicos, Ángela María Mora Soto, quien señaló que los actos administrativos de estas concesiones continúan en proceso de revisión.
La determinación se tomó mientras avanzan los procedimientos necesarios para obtener las respectivas concesiones y garantizar que las estaciones puedan utilizar legalmente el espectro radioeléctrico. Según la información confirmada por el Ministerio TIC y citada por Inravisión, los trámites correspondientes aún no habían concluido. El Gobierno señaló que, ante esta situación, optó por suspender temporalmente las transmisiones y adelantar las actuaciones requeridas para regularizar la operación de las cuatro emisoras involucradas.
Inravisión enfatizó que la suspensión no obedece a razones políticas ni editoriales y que tampoco constituye un acto de censura. La entidad explicó que el espectro radioeléctrico es un bien público de la Nación y, por ello, su utilización debe contar con las autorizaciones y garantías jurídicas correspondientes. La medida busca que las estaciones puedan continuar desarrollando su labor bajo condiciones institucionales estables, con respaldo legal y dentro de los procedimientos establecidos para la operación de servicios de radiodifusión.
Las Emisoras de Paz tienen una función especialmente relevante en comunidades que durante décadas han enfrentado violencia, aislamiento y abandono institucional. Por esa razón, el Gobierno manifestó que reconoce el valor que tienen estos espacios para los territorios y sus habitantes. La suspensión temporal pretende, según Inravisión, resolver la situación jurídica identificada sin desarticular la misión comunicativa de las estaciones. La entidad aseguró que trabaja para que puedan recuperar sus emisiones con estabilidad, legitimidad y seguridad jurídica.
La revisión fue adelantada desde la llegada de Ángela María Mora Soto a la gerencia de Inravisión e incluyó aspectos administrativos, jurídicos y técnicos de la operación. El hallazgo permitió establecer que las cuatro estaciones habían iniciado actividades durante 2024 antes de completar los procedimientos de concesión. La situación llevó a la entidad a adoptar una medida preventiva mientras se resuelven los trámites pendientes. El propósito declarado es ordenar la operación y garantizar que el servicio se preste conforme al marco legal.
El Gobierno también defendió la decisión como parte de una política de respeto por los procedimientos relacionados con los bienes y recursos públicos. La Presidencia señaló que esta revisión comprende tanto los recursos de los colombianos como el espectro radioeléctrico y las obligaciones administrativas. En ese contexto, la gerente Ángela María Mora Soto sostuvo que la defensa de las Emisoras de Paz no puede hacerse desconociendo las normas. La regularización jurídica aparece así como condición para garantizar su continuidad.
La suspensión afecta temporalmente a las emisoras de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta, mientras Inravisión adelanta las gestiones necesarias para subsanar las situaciones identificadas. La entidad deberá continuar coordinando los procedimientos correspondientes y esperar la culminación de los trámites de concesión. El proceso adquiere importancia para las comunidades que utilizan estos medios como canales de información y comunicación local, especialmente en territorios donde la radio cumple una función de conexión social y presencia institucional.
Inravisión sostiene que la decisión busca fortalecer, y no apagar, las voces de las comunidades vinculadas a las Emisoras de Paz. El siguiente paso será completar los procedimientos jurídicos pendientes y garantizar que las estaciones puedan operar con las autorizaciones requeridas. La medida abre así una etapa de regularización para cuatro emisoras que deberán resolver su situación administrativa antes de retomar plenamente sus transmisiones. Para las comunidades, el desafío será preservar estos espacios de comunicación dentro de un marco institucional sólido y legalmente habilitado.
