Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, continuará su trámite en las plenarias de ambas corporaciones. La aprobación cerró una jornada marcada por la discusión sobre deuda, funcionamiento, inversión, fuentes de financiación y distribución sectorial. El proyecto conserva un esquema en el que el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento concentran la mayor parte de los recursos.
El monto de $634,9 billones había sido aprobado previamente como techo presupuestal el 14 de septiembre, después de que las comisiones devolvieran una propuesta anterior. La nueva iniciativa quedó estructurada con 62 % para funcionamiento, 24 % para servicio de la deuda y 14 % para inversión. El Senado había informado que el proyecto contemplaba $155,4 billones para deuda y cerca de $87 billones para inversión. Con el primer debate superado, la discusión pasa ahora a las plenarias, donde podrán revisarse nuevamente distribución y proposiciones.
Durante la discusión, el ministro Miguel Gómez defendió la estructura fiscal y sostuvo que el presupuesto presentado corresponde a la capacidad financiera que encontró la administración. Según sus cifras, entre 2022 y 2027 el funcionamiento del Estado aumentó 86 %, el servicio de la deuda 122 % y la inversión 25 %. También afirmó que los recursos de capital representan 46 % del presupuesto y que el financiamiento mediante crédito interno y externo constituye una de las principales restricciones para ampliar el margen de inversión pública.
Gómez también planteó que el proyecto busca reconocer obligaciones que, según su explicación ante el Congreso, quedaron subestimadas en presupuestos anteriores. El ministro señaló que el déficit fiscal encontrado sería de 8,2 %, frente a una estimación inicial de 5,7 %, y que el cupo de crédito estaba utilizado en 94 %. En su intervención defendió una política de austeridad y sostuvo que parte de los ahorros permitiría atender necesidades derivadas de la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
El debate incorporó modificaciones a la distribución interna sin alterar el techo de $634,9 billones. Entre los cambios reportados están un traslado de $2 billones hacia Salud y Protección Social, $100.000 millones adicionales para la Rama Judicial y $99.100 millones para Deporte y Recreación. También se aprobó un recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, además de reducciones en recursos relacionados con el Aeropuerto del Café y la inversión del sector Planeación.
La oposición presentó una propuesta alternativa por $596,7 billones, con una distribución diferente entre inversión y deuda. Según lo expuesto durante el debate, esa iniciativa contemplaba $109,8 billones para inversión y $118 billones para servicio de la deuda, frente a $89,9 billones y $155,4 billones, respectivamente, en la propuesta mayoritaria. También planteó incrementos para vivienda, educación, salud, vías y universidades públicas. La propuesta alternativa no sustituyó el texto aprobado por las comisiones económicas.
En las votaciones, las cuatro comisiones económicas aprobaron los bloques de artículos sin proposiciones y posteriormente avanzaron sobre los artículos que tenían modificaciones planteadas. El cierre del primer debate incluyó la aprobación del título y del artículo sobre vigencia y derogatorias. Según el seguimiento legislativo, las comisiones dejaron proposiciones no avaladas como constancia para el segundo debate. El proyecto deberá ser discutido ahora por las plenarias del Senado y la Cámara, que tendrán hasta el 20 de octubre para completar el trámite.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, calificó la aprobación como una muestra de respaldo legislativo y destacó la disciplina de las bancadas que acompañaron el proyecto. Sus declaraciones hacen parte de la posición del Ejecutivo frente al trámite presupuestal. La aprobación en primer debate no constituye la decisión definitiva sobre el presupuesto de 2027: todavía faltan los debates plenarios, en los que podrán presentarse nuevas proposiciones y modificarse la distribución. El resultado final dependerá de las decisiones que adopte el Congreso en esa siguiente etapa.
